El ministro de Justicia, Iván lima, afirmó que el Gobierno presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) por la filtración del informe sobre violaciones de derechos humanos en Bolivia.
“Con toda la certidumbre, con toda la certeza, que nosotros como Gobierno tenemos el reclamo formulado ante la CIDH sobre la filtración de ese documento. Nuestro Procurador (y) nuestra Cancillería le han planteado a la CIDH nuestro reclamo (por lo que) vamos a llegar hasta las últimas consecuencias sobre ese reclamo”, afirmó Lima al canal estatal.
El informe 394/21 de la CIDH hace responsable al Estado boliviano de la violación a los derechos a la vida y otros en el caso Terrorismo, ocurrido el 15 de abril de 2009 en el hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz, el cual fue filtrado y dado a conocer a través de los medios de comunicación.
El ministro Lima aseguró que una vez la CIDH esclarezca quién filtró ese informe confidencial y que está en reserva, se hará conocer los detalles del contenido.
El funcionario recordó que ese documento tiene el grado de reserva y confidencialidad que debió ser levantado el 26 de septiembre, sin embargo, un día antes, el 25, se hizo público a través de un medio de comunicación.
Añadió que ese documento le llegó al Procurador General del Estado y a la Cancillería el 25 de julio y debió mantenerse en reserva hasta el 26 de septiembre.
“Ya le hemos exigido a la CIDH que esta situación se aclare y también le hemos pedido a la CIDH que tengamos un diálogo constructivo que tiene este Gobierno para aclarar todos los aspectos que se han señalado”, dijo.
Agregó que por lo pronto ese informe es objeto de revisión y análisis por el Gobierno, por lo que no pueden pronunciarse sobre el mismo, debido a que está bajo reserva y confidencialidad. “Le hemos reclamado a la CIDH por la afectación a la reserva por escrito y hasta que la CIDH no nos responda, no vamos a poder manifestarnos sobre la misma porque ésa es la posición oficial del Presidente”.
ANTECEDENTE.
El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado contra un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”.
Junto a Rózsa, cayeron también el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Magyarosi Árpád. Tras la intervención, salieron con vida Mario Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro).
Esa madrugada de 2009, se inició una investigación que acabó descabezando a la cúpula política y cívica cruceña. Entonces, muchos huyeron de Bolivia, como Branko Marinkovic y Guido Nayar, entre los más conocidos. Ese año, la administración de Evo Morales denunció que la facción irregular estuvo vinculada con movimientos conservadores de Santa Cruz para intentar desestabilizar al Gobierno.
El fiscal Marcelo Sosa se encargó de las investigaciones, pero fue involucrado en el caso. Huyó a Brasil y se declaró “perseguido político” y desde su asilo denunció que “se fabricaron” pruebas en el caso Terrorismo. En 2020, durante el gobierno de Jeanine Áñez, el proceso fue cerrado, debido al retiro de la denuncia por parte del Ministerio de Gobierno.
El entonces ministro de Gobierno Arturo Murillo, en 2020, dijo que el caso fue armado y ratificó que el Ejecutivo se retiró del caso como parte acusadora.
