El teniente coronel del Ejército Miguel Eduardo Santiesteban Stroebel, vinculado en la masacre de Senkata de 2019, se acogió este jueves a su derecho al silencio.
Acusado de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, el militar fue aprehendido el miércoles en Cochabamba y trasladado luego a La Paz.
La mañana de este miércoles ingresó con custodia policial a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde evitó hablar con los periodistas.
‘Inocentes’
El abogado René Villarpando afirmó que Santiesteban, como otros excomandantes que guardan detención preventiva por las masacres de Senkata y Sacaba, es inocente.
Afirmó que anteriormente se demostró que los comandantes castrenses de entonces no tenían relación con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman, hoy prófugo de la justicia.
“Kaliman fue quien elaboró los planes por los que se vincula a los comandantes”, aseveró Villarpando.
En las siguientes horas se conocerá la imputación contra el militar y posteriormente se fijará el inicio de su audiencia cautelar.
La masacre
El 19 de noviembre de 2019, vecinos de Senkata bloqueaban la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en rechazo a la salida de camiones cisterna con combustible.
Militares y policías respondieron a los vecinos con armas de fuego, al amparo del Decreto Supremo 4078, que los liberaba de responsabilidades penales.
Diez fallecidos
Este operativo conjunto dejó un saldo de 10 muertos y más de una treintena de heridos.
En esa ocasión, Santiesteban, con el grado de mayor, comandó un grupo de “satinadores” que había llegado tres días antes a Viacha desde Challapata, Oruro.
Las investigaciones determinaron que los efectivos participaron en esos hechos luctuosos.
Decreto
Luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia, el 10 de noviembre de 2019, Jeanine Añez se proclamó sucesora dos días después.
El 14 de noviembre, ante una ola de manifestaciones en su contra y a favor de Morales, promulgó el decreto.
La norma establecía que las Fuerzas Armadas estaban autorizadas a participar en la “defensa de la sociedad y la conservación del orden público” en apoyo a la Policía Boliviana.
Exentos de responsabilidad
Los militares podían “emplear todos los medios disponibles de acuerdo a sus necesidades (armas de fuego y municiones) a fin de garantizar el bienestar, la seguridad y protección del pueblo boliviano”.
Los efectivos “estaban exentos de responsabilidad penal si actuaban en legítima defensa o estado de necesidad”.
Con esta carta blanca, militares y policías dejaron otros 10 fallecidos y una cantidad similar de heridos en la masacre de Sacaba, Cochabamba, el 15 de noviembre.
