Nadia Cruz, exdefensora del Pueblo, respondió este miércoles a Jeanine Áñez, quien le dijo que hizo oídos sordos a su caso: Mi opción fue por las víctimas, no por quienes mandaron a matar.
Ambas escogieron las redes sociales para aludirse, semanas después de que Pedro Callisaya asumiera la dirección de la Defensoría del Pueblo en reemplazo de Cruz.
El martes, a través de un texto escrito por los gestores de sus redes sociales, Áñez cuestionó la presunta inacción de Cruz sobre su situación.
“@NadiaCruzDP hizo oídos sordos y vista ciega de la vulneración de todos los derechos de #JeanineAñez, subordinando la autonomía institucional al régimen del MAS”, denunció.
Gobierno de Áñez
Áñez fue mandataria luego de que el 12 de noviembre de 2019 se proclamara en el cargo ante la renuncia del presidente Evo Morales. Entonces, Cruz era defensora del Pueblo.
“Siempre se brindó acompañamiento que demostró la inexistencia de afectación a tus derechos”, respondió Cruz.
“Mi opción es por las víctimas, no por quienes usaron el poder y fuerza letal para mandar a ejecutar población civil. Que la impunidad no te siga cobijando”, espetó a Áñez.
Decreto 4078
Días después de asumir el poder, Áñez promulgó el Decreto Supremo 4078 el 14 de noviembre de 2019, un día antes de la masacre de Sacaba.
El documento eximía de responsabilidades penales a militares en la represión a movilizaciones contra el nuevo gobierno y en apoyo a Morales.
El 15 de noviembre, una columna de miles de cocaleros y colonizadores intentó ingresar en la ciudad de Cochabamba, pero fue repelida a bala y el saldo fue 10 fallecidos.
Masacres y ejecuciones
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que la represión terminó en masacre y ejecuciones sumarias, como en Senkata.
El 19 de noviembre, otras 10 personas fueron asesinadas en la intervención policial-militar en Senkata, El Alto, cuando había bloqueos en la planta de hidrocarburos.
Por ese caso, el Ministerio Público acusó a Áñez hasta lograr que el Tribunal Supremo de Justicia derive los legajos a la Asamblea Legislativa para un juicio de responsabilidades.
El informe del GIEI recogió gran parte de las investigaciones de la Defensoría del Pueblo sobre la violencia y violación de derechos humanos entre 2019 y 2020.
