Hay confianza en que la Corte de Apelación de Estados Unidos ratifique el veredicto del jurado y obligue a Gonzalo Sánchez de Lozada a pagar una indemnización de las víctimas de 2003.
Se trata de una sanción de $us 10 millones que un juez federal dispuso contra el expresidente de Bolivia y Carlos Sánchez Berzaín, acusados por “ejecuciones extrajudiciales”.
Al cumplirse este lunes 19 años de la caída de Sánchez de Lozada, el abogado Thomas Becker dijo a La Razón Radio que el dinero no importa sino la tipificación del delito.
Dijo que en Estados Unidos no se pue instaurar un proceso penal contra quienes hubiera cometido delitos penales en otros países, como es el caso de las exautoridades.
Juicio civil
Así, las víctimas de la Masacre de Octubre, cuando unas 58 personas —según la denuncia— murieron a manos de fuerzas de seguridad en 2003, optaron por un juicio civil.
“Lo que ha dicho el jurado es que son responsables de ejecuciones extrajudiciales, un delito muy alto en Estados Unidos y Bolivia”, explicó Becker.
Victoria legal
“Ganamos el juicio en 2018 con veredicto unánime y esperamos el resultado de la apelación”, complementó.
Ambos apelaron la decisión del jurado de la Corte de Fourt Lauderdale en Estados Unidos y está previsto que el resultado de esa apelación se conozca en los próximos meses.
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“Es difícil conocer cuándo se conocerá el resultado de la apelación. Talvez a principios del próximo año, aunque en estos meses también es probable”, agregó.
Héroes
A pesar de los 19 años de esos hechos en los que fueron victimadas al menos 76 personas —datos posteriores— y más de 400 quedaron heridas, sus familiares continúan demandando justicia.
“Están listos para seguir esta lucha y yo no les digo que son víctimas, son héroes. Continuará la lucha para que nunca más pase algo así”, afirmó Becker.
Octubre Negro
El conflicto de octubre de 2003 surgió a raíz de la intención de Sánchez de Lozada de exportar gas natural a México y Estados Unidos a través de puertos chilenos.
El anuncio generó una espiral de conflictos desde inicios de septiembre de ese año, hasta cuando el 12 de octubre se produjo la masacre de 27 personas.
Ante el bloqueo de la planta de combustibles de Senkata, en El Alto, el Gobierno dispuso en Plan República para acompañar con fuerzas militares cisternas a La Paz.
Intervención militar
La intervención militar fue trágica y supuso el final del gobierno de Sánchez de Lozada, hasta qye el 17 de octubre renunció a sus funciones caminos a Estados Unidos.
Entonces, el entonces vicepresidente Carlos Mesa, que había renunciado el 13 al Gobierno y no así a sus funciones, sustituyó al dimisionario bajo sucesión constitucional.
Los registros de prensa de la crisis señalan que en todo el conflicto fallecieron 67 personas.
