Entre noviembre de 2019 y abril de 2020 el “clan mafioso” organizado por los entonces ministros Arturo Murillo y Luis Fernando López negociaron un sobreprecio de $us 2,3 millones en la compra de material antidisturbios.
Ministros de Gobierno y Defensa, respectivamente, con la intermediación de la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), tramaron la compra y venta de material antidisturbios con sobreprecio.
Lo hicieron unos días después de la Jeanine Áñez se proclamara presidenta, en una cuestionada sucesión tras la renuncia de Evo Morales.
El negociado
El Estado boliviano adquiere dicho material de la empresa brasileña Cóndor mediante una compra directa; sin embargo, durante la administración de Áñez se autorizó la intermediación de BTS.
Áñez y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 4090 que autorizó al Ministerio de Defensa la “adquisición excepcional” de armamento no letal.
El Decreto Supremo 4146 dio luz verde a la contratación directa en el extranjero.
El Decreto Supremo 4168 autorizó la transferencia de ese armamento antimotines a la Policía Boliviana.
De acuerdo con la Fiscalía, Sergio Méndez, entonces jefe de gabinete de Murillo, coadyuvó con BTS, de propiedad de Bryan Berkman, para que «obtenga y mantenga negocios del Ministerio de Defensa de Bolivia».
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BTS pagó a Cóndor $us 3,3 millones por el lote de gases lacrimógenos y material antimotín; sin embargo, de acuerdo al contrato le cobró al Estado boliviano $us 5,6 millones.
Los miembros del “clan mafioso”, como denominó luego el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a la organización criminal, le habían robado $us 2,3 millones al Estado boliviano.
La ruta del dinero
En enero de 2020, el Ministerio de Defensa intentó transferir a Estados Unidos los $us 5,6 millones a través del Banco Central de Bolivia.
Casualmente, esos días Murillo se encontraba en Estados Unidos y se reunió con Bryan Berkman, dueño de BTS. Horas después abrió una cuenta y retornó a Bolivia.
El 29 de enero, el JP Morgan Chase Bank rechazó ese pago debido a sospechas, básicamente, de que la cuenta de Bravo Tactical Solutions se había abierto tres días antes.
Defensa no se dio por vencido y el 17 de marzo consiguió enviar el dinero luego de dividirlo en dos partidas: $us 3,9 millones fueron para BTS y $us 1,7 millones para otros “pagos y gastos”.
Del monto global de $us 5,6 millones, $us 3,3 millones fueron para la empresa Cóndor.
Sobornos
De acuerdo a información oficial, los miembros del “clan mafioso” pagaron cuatro sobornos.
El 15 de abril de 2020, un familiar de Philip Lichtenfel (otro de los cómplices) recibió en Bolivia $us 700.000 en dos depósitos bancarios: de $us 450.000 y $us 250.000.
De ese total, entregó $us 582.000 a Méndez y a Murillo.
También en abril, Luis Berkman realizó tres transferencias a una cuenta a nombre de Philip Lichtenfeld en Bolivia: de $us 500.000, $us 320.000 y de $us 1.000.
En el mismo mes, un funcionario de Defensa recibió la captura de pantalla que confirmaba que su familiar en Bolivia había recibido un depósito de $us 20.000.
Ya en junio, Lichtenfeld confirmó a Luis Berkman, mediante una nota escrita a mano, que se transfirió a “Arturo” $us 79.000 y $us 100.000.
Fugas y capturas
Cuando este hecho de corrupción salió a la luz, López y Murillo, dieron una conferencia de prensa en la que juraron que se trataba de calumnias en su contra.
Aseguraron además que era una persecución política propiciada por los resabios del masismo.
Días después dijeron que darían la cara para demostrar su inocencia y que no escaparían del país. Esas afirmaciones estuvieron lejos de la realidad.
El 8 de noviembre de 2020, Luis Arce juró a la presidencia del país, pero López y Murillo, conocedores de lo que les esperaba en materia judicial, ya habían escapado de Bolivia.
No fueron parte de la última conferencia de prensa de Áñez en las gradas del hall del Palacio de Gobierno.
Se conoció que las Fuerzas Armadas les hicieron “el último favor” al viabilizar su salida a Brasil.
El 5 de noviembre, ambos fueron trasladados en un avión hasta Puerto Suárez (Santa Cruz), y de ahí pasaron a territorio brasileño.
Murillo viajó por Paraguay, Panamá y se instaló en Estados Unidos, mientras que de López extraoficialmente se conoce que aún está en Brasil.
Investigaciones
Los involucrados en este hecho de corrupción estaban seguros de que habían hecho el “negocio” de sus vidas, pero no sospechaban que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) estaba tras de sus pasos.
Entre el 21 y 22 de mayo de 2021, Murillo y Méndez fueron aprehendidos en Estados Unidos.
La justicia de aquel país inició procesos en su contra por los delitos de soborno y lavado de dinero.
Sentencias
Philip Lichtenfeld ya fue sentenciado a 26 meses de prisión, una multa de $us 75.000 y trabajo comunitario de 300 a 1.000 horas.
Fue acusado por los delitos de conspiración para cometer un delito de soborno internacional y violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero.
Bryan y Luis Berkman, también hallados culpables por los mismos delitos, recibieron una condena de 28 meses de cárcel, además de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.
Sergio Méndez Mendizábal fue sentenciado a 42 meses de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero y de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.
Este jueves 20 de octubre, Murillo se declaró culpable de los delitos de soborno y lavado de dinero, por lo que en un plazo entre tres y seis meses, se conocerá su sentencia.
Se arriesga a una prisión de hasta 10 años.
Entretanto, el Estado boliviano continúa con los trámites con su par brasileño para la extradición de López y un juicio civil para la recuperación de esos fondos.
