El vocero presidencial Jorge Richter afirmó este viernes que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es quien “bloquea el diálogo” por el Censo de Población y Vivienda.
Aseguró también que Camacho justifica ello con el “mandato del cabildo”.
“Quien está bloqueando el diálogo en el país es el gobernador; ha señalado de manera absolutamente clara que no tiene nada que dialogar con el Gobierno porque tiene un mandato del cabildo”, dijo a los periodistas en La Paz.
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Sobre el cabildo del 30 de septiembre, Richter dijo que se convirtió en un espacio de “instrumentalización”, cuando debería ser un espacio de deliberación.
“(Ese cabildo) es una fachada de una decisión absolutamente política, que busca validar el liderazgo de Camacho”, agregó.
En los hechos, la primera inasistencia de Camacho a un espacio de diálogo ocurrió el 12 de julio, cuando el Consejo Nacional de Autonomías sugirió la postergación del Censo.
El Gobernador justificó su ausencia con una citación judicial sobre el caso Golpe de Estado II, que se suspendió 24 horas antes del encuentro en La Paz.
Otro motivo que expuso fue la “falta de pasajes aéreos” para trasladarse a la sede de gobierno. Lo hizo conocer en una carta enviada al viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz.
Horas después, ese mismo día, el Comité pro Santa Cruz emitió un comunicado de rechazo, porque la actividad estaba prevista, inicialmente, para el 16 de noviembre de este año.
Más adelante, el 15 de agosto, el Gobierno instaló una mesa técnica, a la que asistieron alcaldes de los municipios de Santa Cruz y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, y el mismo Camacho.
Al terminar ese encuentro, Camacho reconoció avances en el diálogo y justamente en ese encuentro la dirigencia cruceña se comprometió a presentar una propuesta técnica y completa para realizar la actividad en 2023.
“Sin duda, que hay un avance, lo ha dicho el ministro (de Planificación, Sergio Cusicanqui); ha sido una ardua reunión, en la cual ha habido apertura para poder dialogar en función de la fecha”, dijo entonces Camacho.
“Completada” la propuesta de la dirigencia cruceña, el Ministerio de Planificación observó el documento por su inconsistencia y consideró que “tiene tintes políticos”.
Sin embargo, en función del acta del 15 de agosto, el Gobierno convocó a una nueva mesa técnica, que se trasladó de La Paz a Santa Cruz a requerimiento de la dirigencia.
Ni Camacho ni Cuéllar asistieron a la reunión de ese 11 de octubre, por decisión del Comité Interinstitucional que había desahuciado cualquier dialogo.
Un cabildo, el 30 de septiembre, conminó al Gobierno a atender la demanda de Censo en 2023 en 21 días si quiere evitar un paro indefinido a partir del 22 de octubre.
A un día de cumplirse ese plazo, no se conoció de intentos de instalar diálogo por parte de la dirigencia cruceña, pese a las repetidas convocatorias del Gobierno.
El Decreto Supremo 4760, del 13 de julio, postergó el Censo del 16 de noviembre de este año para mayo o junio de 2024, decisión que rechaza Camacho y la dirigencia cruceña.
