El exministro de Gobierno Arturo Murillo será sentenciado hasta 10 años de prisión en una audiencia judicial fijada para el 4 de enero de 2023.
Así lo informó el abogado Thomas Becker a través de su cuenta en Twitter.
“Éste es un paso importante hacia la justicia para Bolivia, pero todas sus víctimas, incluidos los caídos y heridos en #Sacaba y #Senkata merecen justicia en Bolivia”, escribió el jurista.
Murillo, colaborador de Jeanine Áñez durante todo su mandato tras su proclamación en 2019, es acusado en Estados Unidos por soborno y lavado de dinero.
El 20 de octubre, en una audiencia en la Corte Federal de Miami, Estados Unidos, el exfuncionario se declaró culpable de los delitos.
En 2020, Murillo y sus cómplices usaron la intermediación de la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS) para la compra de gases lacrimógenos.
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Esta empresa pagó a la brasileña Cóndor $us 3,3 millones por un lote de material antidisturbios que luego lo vendió al estado boliviano en $us 5,6 millones.
Al menos $us 2,3 millones del sobreprecio fueron transferidos a cuentas en Estados Unidos para beneficio del exministro y sus cómplices.
Philip Lichtenfeld, Bryan y Luis Berkman, y Sergio Méndez, entonces jefe de gabinete Murillo, también se declararon culpables y fueron sentenciados.
A través del Decreto Supremo 4146, el gobierno de Áñez dispuso en 2020 la compra de material antidisturbios.
Los entonces ministros Murillo, de Gobierno, y Luis Fernando López, de Defensa, fueron los responsables de la adquisición.
En mayo de 2020, el periodista Junior Arias denunció la corrupción en la compra, que, sin embargo, derivó en otro proceso en Estados Unidos. El caso fue denominado Gases Lacrimógenos.
