Días después del fallo del Tribunal Administrativo de la OEA a su favor, Paulo Abrão consideró que la situación de Bolivia en 2019 influyó en el veto que sufrió de parte de Luis Almagro.
En agosto de 2020, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) impidió que el jurista brasileño continuara sus funciones en la CIDH.
Seis meses antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por unanimidad, había reelegido a Abrão como su secretario ejecutivo.
Sin embargo, en el último día de su mandato, Almagro comunicó a la CIDH, órgano independiente de la OEA, que no lo contrataría para una nueva gestión.
Difamación
Antes, el diplomático uruguayo había alegado que Abrão tenía “61 denuncias”, sin sustento, y que el cargo requería de “idoneidad personal, moral y profesional”.
El veto de Almagro al profesional brasileño generó cuestionamientos de la misma entonces alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
Expresidenta de Chile, la comisionada consideró que la situación ponía en riesgo de “minar la independencia y la probada eficacia de la CIDH”.
Aún así, Abrão quedó en el camino. Sin embargo, denunció su caso ante el Tribunal Administrativo de la OEA, que el 21 de octubre falló a su favor.
Sentencia
La sentencia determinó que fue víctima de “daños morales, personales y profesionales” por parte de Almagro.
Consultado sobre la sentencia, que además obliga al jefe de la OEA pagarle una indemnización de 12 meses de salarios y el derecho a respuesta, el abogado se declaró satisfecho.
Puede leer: Un tribunal de la OEA falla en contra de Almagro por daños morales y profesionales a Abrão
“Lo recibo como una reparación cobre un conjunto de violaciones a mi reputación”, dijo Abrão este jueves en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.
Afirmó que en su momento denunció estos actos “como atentatorios y que violaban las normas internas de la organización”. Aún así, Almagro no lo escuchó.
Rectificación
Ahora incluso tiene derecho al “ejercicio de rectificación o respuesta establecido en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
“Debo ser la primera persona de la historia de la OEA que podrá publicar un comunicado dentro de los canales oficiales de la OEA”, dijo a La Razón.
Puede interesarle: Áñez cree que Abrão llegó a Bolivia a ‘dirigir la persecución política’ por los hechos de 2019
Almagro justificó con una serie de afirmaciones y difamaciones contra Abrão su decisión de no renovarle el contrato, que implicó un veto sin razón.
Bolivia
Consultado sobre si esos señalamientos eran una coartada para impedirle el ejercicio de un nuevo mandato en la CIDH, Abrão lo relacionó a la situación de Bolivia en 2019.
“Sabemos que el punto culminante de todo fue exactamente la situación de Bolivia”, afirmó.
Explicó que el trasfondo fue el trabajo que la CIDH hizo luego de la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de ese año.
Entonces, una movilización cívica, un motín policial y la sugerencia de dimisión presidencial planteada por las Fuerzas Armadas y la Policía derrocaron al presidente Evo Morales.
Proclamación
En su lugar, el 12 de noviembre se proclamó la senadora Jeanine Áñez, en sendos actos sin quorum ni asistencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa.
La crisis degeneró en las masacres de Sacaba, el 15 de noviembre, y Senkata, el 19, cuyo saldo fue una veintena de fallecidos bajo la represión militar.
El Decreto 4078, que eximía de sanciones penales a los represores, fue el instrumento para la actuación de los militares y los policías en las movilizaciones contra Áñez.
Masacres
La primera conclusión de la CIDH fue que las acciones de represión resultaron masacres.
Hubo un “uso de la fuerza desproporcionado de parte de las autoridades estatales en contra de su ciudadanía que estaba ejerciendo su derecho a manifestarse”, recordó Abrão.
Dijo que sobre dichas masacres “hubo una diferencia de posición” entre la CIDH y la Secretaría General de la OEA que se decantó en su veto por parte de Almagro.
Afirmó que incluso el gobierno de Áñez presionó a la comunidad internacional para hacer creer que lo que sucedió en Bolivia no fueron masacres.
Campaña de Áñez
“Entonces dispara toda la campaña de intento de descalificar una labora técnica de la CIDH”, que implicaba una “postura negacionista” sobre los hechos.
“Muchos periódicos (en Bolivia) y actores diplomáticos dicen que la Comisión fue sesgada y que el informe no había escuchado y que dañaba la reputación de la CIDH”, insistió.
Más tarde, el informe preliminar de la CIDH sirvió como documento base para otras investigaciones. La misma CIDH encargó una mayor investigación de los hechos.
Firmó un acuerdo con Áñez para la conformación de un equipo independiente, que fue ratificado luego en el gobierno entrante de Luis Arce.
Informe GIEI
El 17 de agosto de 2021, el Grupo Interdisciplinario de expertos Independientes (GIEI) ratificó que en Sacaba y Senkata hubo masacres, incluso ejecuciones sumarias.
“Hay que buscar en estos elementos históricos una explicación” sobre la actuación de Almagro en torno a mi caso, remató Abrão.
Otro documento refuerza la denuncia del exejecutivo de la CIDH. El 24 de octubre, el Comité de Personal de la OEA llamó la atención a Almagro sobre el caso Abrão.
Consideró que el jurista no tuvo un debido proceso y que su caso incluso puede obligar a empleados de la OEA ante organismos internacionales para hacer prevalecer sus derechos.
