En medio de un escenario de crisis y tensión, por el paro indefinido en Santa Cruz que exige que el Censo sea en 2023, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió a los protagonistas del conflicto que den soluciones y bajen los “niveles de confrontación”.
“Es importante, en estos días, en lo inmediato, lograr una solución, para que los niveles de conflictividad se puedan bajar, de tal manera que se reconozca el respeto del ser humano, por la vida y los derechos”, enfatizó Callisaya la tarde de este martes.
El Defensor del pueblo hizo ese llamado durante una conferencia de prensa en Santa Cruz, tras visitar diferentes instituciones y sectores de la ciudad para evaluar la situación de los Derechos Humanos, en un contexto de 11 días de paro indefinido.
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La convocatoria se registra en medio de un escenario de tensión y enfrentamiento en diferentes lugares de la región cruceña.
Por ejemplo, este martes, en el municipio de La Guardia, pobladores de esa región se enfrentaron con campesinos que se acercan a esa localidad.
La Policía reaccionó y gasificó a los manifestantes. Asimismo, retuvo a varias personas, en un conflicto que se extendió por más de dos horas.
El Defensor afirmó que en medio de este escenario, también las mujeres son el sector de la población en mayor situación de vulnerabilidad, pues no reciben la atención del Estado, en casos de acoso sexual y eventuales hechos de violencia física y psicológica.
Desde el 22 de octubre, autoridades, cívicos e instituciones cruceñas llevan a cabo esta medida de presión para que el Censo se realice el próximo año y no en 2024, como establece el Decreto 4760, que reivindica el Gobierno.
La pasada semana, en un encuentro nacional de autoridades, Cochabamba, se planteó a los representantes cruceños que, en una mesa técnica, demuestren que el Censo se puede ejecutar en 2023.
Si ello no prosperaba, el Gobierno anunció proyectar el empadronamiento para abril de 2024 y la distribución de los recursos, en octubre de ese año, en función a los resultados preliminares.
La propuesta fue rechazada por Santa Cruz, que ratificó la continuidad del paro y demandó que el Censo se realice en octubre de 2023.
Ante esa situación, el Gobierno hizo una nueva convocatoria, este martes, para llegar a un acuerdo con cívicos e instituciones cruceñas, con fecha abierta. “La fecha, 2023 o 2024, saldrá de lo que decida la comisión técnica, esto ya se acordó de manera unánime en Cochabamba”, dijo Richter.
Al respecto, Callisaya consideró que el paro y los bloqueos implican una vulneración de derechos, mientras que los cercos de organizaciones sociales en el departamento “aumenta ese nivel de vulneración”.
Destacó que en las últimas horas hayan existido pronunciamientos para abrir nuevos espacios de diálogo, lo que permitiría bajar el nivel de conflictividad y evitar mayor vulneración de derechos humanos.
