Ante las recomendaciones y observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la crisis por la fecha del Censo, el Gobierno garantizó la instalación de un espacio de diálogo para una salida concertada y planificada.
A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia respondió a la CIDH, que horas antes expresó su “preocupación” por la violencia en Santa Cruz e instó a abrir un espacio de diálogo para resolver esa situación.
“Desde esta cartera de Estado se hace notar el compromiso de la gestión de Gobierno para evitar más violencia y encaminar el proceso de diálogo lo antes posible a fin de establecer una fecha concertada y técnicamente planificada que dé viabilidad a la realización del proceso censal” (sic), señala parte del documento.
Asimismo, el Ministerio de Justicia afirmó que comparte “las recomendaciones y observaciones” hechas por la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE).
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La tarde de este jueves, el organismo internacional, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), manifestó su “preocupación por los actos de violencia durante las protestas por el censo de población y vivienda en Santa Cruz, Bolivia”.
En ese sentido, llamó al Estado a tomar medidas para garantizar el derecho a la manifestación pacífica, según los estándares interamericanos y a fortalecer procesos de diálogo para atender las demandas de diferentes sectores.
Al cumplirse 13 días del paro indefinido en Santa Cruz, la CIDH hizo ese llamado, luego que se registraron enfrentamientos entre sectores que apoyan el paro y quienes lo rechazan, lo que ha resultado en personas heridas y una fallecida.
El hecho más reciente se registró en el municipio de La Guardia, donde hubo enfrentamientos y represión por parte de la Policía.
Tras la movilización se detuvo a ocho personas y un periodista fue hospitalizado tras sufrir graves lesiones, por parte de un grupo de movilizados.
La medida de presión en Santa Cruz es promovida por autoridades y cívicos de esa región, que demandan que el Censo se realice el próximo año, mientras que el Gobierno reivindica el decreto 4760, que dispone que el proceso se ejecute en 2024.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo, manifestó su preocupación ante “expresiones discriminatorias y amenazas de desalojo” contra el pueblo ayoreo, en el municipio de Concepción.
Además, se han registrado agresiones y «discursos estigmatizantes» contra periodistas.
Ante esa situación, “la CIDH y su RELE rechazan todo acto de violencia en contextos de manifestaciones, en particular aquellos fundados en elementos de discriminación por origen étnico-racial”, señala otra parte del comunicado.
Aparte, ante reportes de agresiones a periodistas que cubren el paro, la CIDH recordó que la libertad de expresión “protege el derecho a registrar y difundir las manifestaciones, movilizaciones, protestas y sus contextos».
“Es deber del Estado es garantizar que las personas periodistas puedan ejercer su trabajo en condiciones de seguridad, preservando su vida, integridad personal y libertad de expresión”, agrega el comunicado.
