La imposibilidad de controlar el espacio en selvático y bosques que cubre más de 76% del área forestal del territorio boliviano da paso al apetito de empresarios y traficantes que no dudan en vulnerar las normas con tal de obtener rédito de las riquezas naturales.
Estos grupos han visto millonarios ingresos en el tráfico de madera, por lo que diseñan acuciosas estrategias para evadir el control.
El jefe nacional de Fiscalización y Control de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Yhoban Salguero, informó al diario LA RAZÓN que estas personas no trabajan solas, sino que es una cadena que está compuesta por grupos organizados.
Estos individuos eligen los días festivos, fiestas patronales y fines de semana para trasladar las troncas desde el punto de talado clandestino hasta su destino, que en algunos casos es fuera del país.
“Para sacar este producto, ellos aprovechan fechas festivas, en feriados, fines de semana, épocas de lluvia, paros y bloqueos”, dijo.
El tráfico de madera en el país se ha convertido en un negocio rentable en los últimos años.
“La actividad que hacen tiene que serles rentable para que ellos pongan en riesgo la maquinaria y la inversión que van haciendo”, señaló el funcionario.
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Como potencial de una variedad de especies madereras, el país es blanco fácil para el aprovechamiento ilegal de este recurso.
Según la Fundación de la Naturaleza, los bosques de las tierras bajas de Santa Cruz, Beni, La Paz y Pando cubren aproximadamente el 76% del área forestal del país; un 18% está en Chuquisaca y Tarija, y el 6% restante en los valles cercanos a Cochabamba.
A pesar de que la ABT tiene presencia a escala nacional, la cadena delictiva se da modos para cometer los ilícitos, algunas veces actúa bajo la complicidad de “autoridades, caciques o comunarios del lugar” o, sin ir lejos, hasta de funcionarios “corruptos” de la misma institución de control.
Fiscalización
El responsable de Fiscalización informó que solo un rodeo —varios bloque de troncas— mueve entre Bs 300.000 y Bs 400.000 y que estos montos son solo una parte del proceso del aprovechamiento del recurso.
“Para dar un ejemplo, uno de los rodeos que se han intervenido en San Ignacio de Velasco ha sido rematado en Bs 300.000”, dijo.
Señaló que este monto económico es variable y que depende de la especie de madera que es solicitada por “el empresario” o los individuos del aprovechamiento ilegal; o, en otro de los casos, lo que el mercado demande.
“Hay especies que están siendo demandadas, es por regiones; en Guarayos, la especie más apetecible es la hoja de yuca, palo María; en la región de la Chiquitanía está la tipa, el tajibo, el roble”, detalló.
Las regiones que más corren riesgo del aprovechamiento ilegal son las tierras fiscales, los parques nacionales y los bosques.
“Lugares donde no hay mucha gente, ni control; no les importa si es una tierra fiscalizada”, dijo.
La manera de operar de esta cadena delictiva parte de una inspección hasta la internación por algunas semanas en el bosque.
Ese tiempo que es aprovechado para estudiar el movimiento de la gente del lugar y de los fiscalizadores.
“Hasta en algunos de los casos llegan a abrir caminos para el traslado de los camiones que trasladan las troncas”, indicó.
Paro
Salguero dijo que los días de paro generan desabastecimiento de combustible para los vehículos en los que se realizan los controles de las distintas zonas del departamento de Santa Cruz.
Asimismo, lamentó que la determinación es una oportunidad para los denominados “traficantes” para realizar la tala ilegal de madera sin ningún control.
Además que la situación también ha generado grandes pérdidas económicas en el país.
El director nacional de la ABT, Omar Quiroga, informó que en 10 días, desde el inicio del paro indefinido, el 22 de octubre,en las recaudaciones de la institución para el Estado se perdió cerca de los $us 40 millones.
Por día, calculó que aproximadamente se está perdiendo “unos $us 4 millones” y que esto afecta más a las familias del lugar.
