La Justicia rechazó la solicitud de Yassir Esteven Molina Lozada de someterse a un proceso abreviado, en el caso referido los destrozos y asedio al edificio de la Fiscalía General del Estado (FGE), en Sucre, en 2020.
“Esta mañana se ha instalado la audiencia de juicio oral, de forma presencial, produciéndose con los alegatos iniciales y las declaraciones de los acusados, habiéndose rechazado previamente el procedimiento abreviado solicitado por Yassir Esteven Molina Lozada”, señala parte de comunicado emitido este martes por el Ministerio de Gobierno.
Luego de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, la RJC emergió como grupo de choque en Cochabamba.
Sus integrantes, entre varones y mujeres, circulaban en motocicletas amedrentando a manifestantes que expresaban su apoyo al MAS y a Evo Morales.
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Encapuchados, portando bazucas artesanales y bates de béisbol, sembraron el miedo y terror.
Sus principales cabecillas expresaban su apoyo a la demanda de renuncia de Morales, por un supuesto fraude electoral. También se autoproclamaron como «defensores de la democracia».
El 17 de agosto de 2021, la encargada de negocios de Estados Unidos, Charisse Phillips, pidió a Bolivia “desmantelar” a los grupos “paraestatales” identificados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Ese grupo de trabajo identificó a la RJC y a la Unión Juvenil Cruceñista (brazo armado del Comité pro Santa Cruz) como grupos parapoliciales violentos.
En ese marco, se inició un proceso contra los principales líderes de esa “resistencia”, entre ellos Molina, Marco Antonio Bascopé Revuelta, Fabio Alejandro Bascopé Revuelta y Milena Soto.
Así, el Ministerio de Gobierno se constituyó en parte querellante en contra de esas personas.
El lunes, Yassir Molina afirmó tener “información fidedigna” sobre el rol del exministro Arturo Murillo, el cívicos cruceño Rómulo Calvo y el alcalde cochabambino Manfred Reyes Villa, entre otros, en la crisis de 2019.
“Debo brindar información fidedigna sobre el grado de participación y autoría sobre los hechos acaecidos durante septiembre a diciembre de la gestión 2019 de los siguientes involucrados”, afirmó.
En ese marco, Molina sostuvo que esa información debería ser considerada como una “cooperación” para viabilizar el procedimiento abreviado en su favor.
No obstante, la cartera de Gobierno —en su calidad de parte acusadora— se opuso al procedimiento abreviado.
“Lo hacemos por la justicia que merecen las víctimas ante tantos hechos reprochables que no pueden repetirse ni quedar en la impunidad”, se lee en otra parte del comunicado oficial.
El Ministerio de Gobierno estableció que se cuenta con 135 pruebas documentales, en las que se demuestra la autoría de las personas imputadas, por lo que no es viable un procedimiento abreviado.
Al respecto, el juez Tercero de Sentencia de Sucre explicó que en el trascurso del juicio oral se podrán esclarecer los hechos y la responsabilidad de cada uno de los imputados.
