Luego que se vivió una violenta jornada en Santa Cruz, en medio un paro indefinido por la fecha del Censo, el presidente Luis Arce invocó a que retorne la paz y la normalidad a esa región.
Hay que “cerrar el paso a la violencia y a los intentos de ruptura del orden constitucional (…), en consecuencia, invocamos al retorno de la calma, la paz y la normalidad en el departamento de Santa Cruz”, exhortó el Mandatario, durante un mensaje presidencial cerca de la medianoche del viernes.
En ese contexto, anunció que el Censo se realizará el 23 de marzo de 2024.
Sin embargo, la autoridad lamentó los hechos de violencia, movilizaciones y otras irregularidades registradas durante los 21 días que lleva el paro indefinido.
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“Nuestro país está siendo amenazado por intentos desestabilizadores, llevados adelante por algunas personas que pretenden interrumpir una vez más el orden democrático, la tranquilidad de las familias, incluso, dividir Bolivia”, agregó Arce.
En ese marco, lamentó que “grupos delincuenciales” intenten «incendiar» Santa Cruz, en función a una “escalada de violencia racista”.
Así, Arce afirmó que se pretende reeditar lo que el Gobierno denominó como “golpe de Estado”, en referencia a la crisis de 2019, cuando renunció el entonces presidente Evo Morales.
La medida de presión fue convocada por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, que demanda “sí o sí” el Censo en 2023.
En medio, el Gobierno convocó a una mesa técnica en Trinidad, Beni, para consensuar una fecha junto a autoridades subnacionales, gobiernos locales y autoridades indígenas, además de rectores de todo el país y expertos de organismos internacionales.
Sin embargo, la representación cruceña abandonó ese espacio de diálogo. Pese a eso, tras el debate y el análisis de las propuestas, se planteó que el empadronamiento nacional se lleve a cabo entre marzo y abril de 2024, y no en mayo y junio de ese año, como señala el decreto 4760.
Asimismo, se planteó para octubre de 2024 la redistribución de recursos a los nueve departamentos, en función a los nuevos datos recolectados en el proceso.
La propuesta fue rechazada por el Comité Interinstitucional, que ratificó la continuidad del paro.
En ese marco, se registró una escalada de violencia departamental. De acuerdo con un reporte oficial, durante estos 21 días se reportaron cuatro muertos, más de un centenar de heridos y una afectación económica de más de $us 720 millones.
Uno de los escenarios más violentos se registró entre el mediodía y la tarde del viernes, cuando hubo agresiones en una marcha de sectores que demandaban el respeto a su derecho al trabajo y que se levante el paro.
Asimismo, grupos de movilizados incendiaron y saquearon oficinas de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, ubicada en la avenida Irala del primer anillo.
En el mismo inmueble, funcionaban también oficinas de la Federación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa” y cerca de ahí, había predios de la Central Obrera Departamental (COD) que también resultaron afectados.
La COB apuntó al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, al líder cívico Rómulo Calvo y al rector Vicente Cuéllar, como los principales responsables de la crisis y la violencia en ese departamento.
En ese marco, pidió al Gobierno actuar con “mano dura” en contra de esas personas, además que pidió activar un “estado de excepción” en Santa Cruz y conformar una comisión de fiscales para procesar y sancionar a los promotores de esas movilizaciones.
