De acuerdo con Juan José Jáuregui, diputado del MAS por Oruro, la dirigencia cruceña instrumentaliza los cabildos como mecanismo de presión y hasta los vuelve un “monólogo”.
En entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón, aseguró que los cabildos, si bien son necesarios, no pueden ser un factor de presión para el Gobierno o la Asamblea Legislativa.
Esta situación deja de lado su naturaleza de instancia deliberativa, con ideas de uno y otro lado para arribar a un documento sin condiciones vinculantes.
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Calvo
Cuestionó el último cabildo del domingo, en el que el único expositor fue el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.
Ese día, el cñivico planteó las cinco preguntas preestablecidas.
En respuesta, la diputada de Creemos por Santa Cruz, María René Álvarez, le dijo que en el cabildo del 13 de noviembre había representación de toda Bolivia.
Acotó que la presentación de un proyecto de ley que pide Censo en 2023 emana de la petición de esos miles de asistentes.
“Lo fundamental de ese proyecto de ley es que el Censo se realice en 2023″, explicó.
«Se habla sobre la redistribución de recursos y de escaños, y saneamiento del padrón electoral que ahora está viciado”, le dijo.
Dilema
Jáuregui recordó que en el reciente cabildo muchos asistentes, tal vez, no estuvieron de acuerdo con los contenidos de sus preguntas porque los cívicos viraron la propuesta inicial.
“La representación cívica se ha encontrado en un dilema para ver cómo sale de esta convocatoria al paro cívico que se ha ido distorsionando”, aseveró.
“Una pretensión de poder generar mayores recursos para los cruceños (como se pidió el 30 de septiembre), enamorando casi a la totalidad, se fue distorsionando”, acotó.
Violencia
En criterio del legislador masista, la intención de los promotores del paro cívico no está en encontrar escenarios de diálogo sobre su propuesta de Censo en 2023.
Sino en que gradualmente se escalen los niveles de violencia para desestabilizar al Gobierno.
Álvarez lo refutó y recordó a su colega que el Comité Interinstitucional asistió a todas las reuniones, pero que, “lamentablemente”, no hubo predisposición para debates técnicos, sino para apreciaciones políticas.
“Se ha demostrado de manera técnica que se puede realizar el Censo el próximo año”, afirmó.
Gradualmente, la medida, denominada “pacífica”, se fue enlodando con hechos delictivos, muertes, agresiones y hasta cobros irregulares en algunas rotondas.
Redistribución
Jáuregui recordó que en la propuesta del Comité Interinstitucional la principal preocupación estaba vinculada a la realización del Censo más allá de 2023.
Había temor en que, al ser año electoral, no se podría reasignar los recursos económicos, hecho que recién ocurriría a partir de 2026.
“Ahora, con los ajustes de acuerdo a las factibilidades técnicas, se ha llegado a un punto de equilibrio”, aseveró.
El Decreto Supremo 4824 asegura la realización del Censo el 23 de marzo de 2024.
El inicio de la distribución de recursos, con los datos parciales, entre agosto y septiembre de ese año.
A pesar de ello, Álvarez afirmó que esa no es una respuesta clara del Gobierno, sino un capricho de querer demostrar poder a toda costa, además que no ve más allá del “conflicto que está causando”.
Modificación
Inicialmente, el Censo de Población y Vivienda estaba programado para este 16 de noviembre, pero a mediados de julio, mediante el Decreto Supremo 4760, fue postergado para 2024.
En Santa Cruz se oyeron voces de protesta y, en el cabildo del 30 de septiembre, se resolvió exigir la abrogación de dicho Decreto.
Se amenazó con iniciar un paro indefinido, que arrancó el 22 de octubre, como medida de protesta que demandaba que su propuesta sea atendida.
Acuerdo
Luego de varias negociaciones y diálogo, el fin de semana se sugirió en la mesa técnica llevada a cabo en Trinidad, que el censo se realice el primer semestre de 2024.
Más de una treintena de representaciones aceptó la sugerencia y días después el presidente Luis Arce hizo conocer los pormenores del Decreto Supremo 4824.
La dirigencia cruceña no aceptó su derrota y en el cabildo del domingo demandó que ese Decreto Supremo sea elevado a rango de ley
