La tarde de este miércoles, un juzgado de La Paz amplió por tres meses más la detención preventiva de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez por el caso Golpe de Estado I, en el cual es procesada por el delito de terrorismo.
“Por 5ª vez amplía mi injusta detención por delitos inexistentes. ¡Dicta 90 días más a 20 meses privada de libertad, siendo inocente de la #Patraña1 montada en mi contra! La persecución fiscal y judicial contra un expresidente de Bolivia y cientos de presos políticos es criminal” (sic), escribió la exmandataria en su cuenta de Twitter.
La decisión fue asumida por el juez Armando Zeballos, luego que de casi tres horas de audiencia.
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Áñez está encarcelada desde el 13 de marzo de 2021, y desde entonces ha denunciado ser víctima de “negligencia e irresponsabilidad” del juez que lleva la causa.
Responsabilizó también al Ministerio Público y a la Procuraduría General del Estado de su situación legal, por lo que se declaró “presa política” del régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Durante la Audiencia de Control de Situación Jurídica, se amplió su detención preventiva, justo cuando se cumple el plazo de la medida cautelar que la mantiene en la cárcel por este caso.
El 16 de agosto, se amplió por cuarta vez la detención preventiva Áñez por el caso Golpe de Estado I, por tres meses más.
Similar decisión fue asumida para los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra por el mismo caso, vinculado a la dimisión del expresidente Evo Morales en 2019.
Coímbra y Guzmán están recluidos en la cárcel de San Pedro de La Paz.
En tanto, la exmandataria se encuentra en el penal de mujeres de la zona de Miraflores, donde debe cumplir 10 años de cárcel tras su sentencia por el caso Golpe de Estado II, dictada en junio.
El caso Golpe de Estado I tiene que ver con los hechos de 2019, que derivaron en la dimisión de Morales, durante una crisis social y política tras denuncias de un presunto fraude en las elecciones generales, y ante protestas cívicas, un motín policial y la presión de los militares.
En 2020, la exdiputada Lidia Patty (MAS) presentó la denuncia por sedición, terrorismo y conspiración contra los que considera que fueron promotores de esa crisis.
Por ese caso, Áñez es la principal acusada, junto a sus exministros, además del actual gobernador Luis Fernando Camacho y su padre. En la aquella oportunidad, también se incluyó a exjefes militares y policiales.
En agosto de este año, la Fiscalía rechazó la denuncia por sedición y conspiración, interpuesta por Patty, luego que Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional y expulsó del ordenamiento jurídico el delito de sedición, a través de la Sentencia Constitucional 04/2022.
Por ese motivo, la denuncia por esos dos delitos es inviable, pero la investigación del caso Golpe de Estado I continúa por el delito de terrorismo.
