El embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego Pary, afirmó este jueves que los ataques de grupos movilizados en Santa Cruz contra sedes sindicales, como ocurrió con la quema de la Federación de Campesinos en Santa Cruz, responden a actos de racismo y discriminación.
El diplomático dijo que el Gobierno puso en conocimiento de los organismos internacionales todos los hechos ocurridos en Santa Cruz durante el paro indefinido que llevan adelante hace 27 días exigiendo, inicialmente, Censo en 2023 y ahora una ley sobre el proceso.
“El Alto Comisionado de las Naciones Unidas observa los niveles de violencia que se han generado en torno al paro cívico de Santa Cruz, si bien pueden ser legítimas las acciones de protesta, eso no posibilita a que los movilizados puedan agredir y humillar”, dijo Pary en el programa Piedra, papel y tinta de La Razón.
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La Organización de Naciones Unidades cuestionó, mediante un comunicado, el ataque a sedes sindicales durante el paro. El alto comisionado para Naciones Unidas lamentó los hechos de violencia, racismo, violación y ataque a instituciones.
“Eso va más allá del derecho a la protesta, es una clara vulneración de discriminación y racismo contra personas que se identifican como indígenas, campesinos”, acotó Pary.
Informe a organismos
A criterio del embajador, las acusaciones de que hay gente del Movimiento Al Socialismo (MAS) provocando a los movilizados en Santa Cruz para generar estos niveles de violencia, no tienen sustento y son producto de una estigmatización que se intenta hacer al partido de gobierno.
“Atacar, identificar instituciones específicas como en este caso los campesinos o en 2019 cuando quemaron la Cidob son claramente grupos paraestatales, armados que van a atacar estas oficinas identificando su procedencia de grupo social determinado”.
Pary dijo que como gobierno se puso en conocimiento de todos estos hechos de violencia a los organismos internacionales, pues apuntan a desestabilizar al Gobierno constitucional.
“Hay una respuesta a una demanda que se estaba exigiendo y ahora corresponde que todos los bolivianos unidos podamos trabajar para que el Censo pueda realizarse de la mejor manera”, agregó.
Comentó, además, que a partir de estudios especializados, Naciones Unidas había sugerido al Gobierno que el Censo se realice en octubre de 2024; sin embargo, el presidente Luis Arce, en el marco de la soberanía del Estado, determinó realizar el proceso el 23 de marzo de 2024.
“Todo lo que se hace al margen de esta decisión son acciones que intenta conflictuar el país. La agresión contra indígenas, contra campesinos, contra sectores populares no es reciente, sucedió en 2019, la gente fue agredida, humillada por su pertenencia a un grupo o su afinidad a un partido político y eso se está denunciando ante organismos internacionales”.
