A pesar de que la Ley para la Distribución de Escaños en Base a los Resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 fue aprobada el sábado en la Cámara de Diputados, es posible que la norma no corra la misma suerte en Senadores debido a los límites de la Constitución.
Ante la consulta de si es posible que los senadores sancionen el proyecto, William Torrez, dijo que “no precisamente todos los proyectos de ley aprobados en Diputados y remitidos al Senado están acordes a la Constitución y las leyes”.
Lea también: La Cámara de Diputados aprueba la ley del Censo y demanda la suspensión del paro
“La Cámara de Senadores, por responsabilidad, no puede emitir juicio de valor del proyecto de ley aprobado en Diputados en razón de la experiencia del pasado” explicó este lunes a La Razón Radio el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) por Santa Cruz.
Con estas declaraciones, advirtió de que la Cámara de Senadores no aprobará la ley del Censo si no condice con la Constitución Política del Estado y los reglamentos camarales.
“Ojalá este no sea el caso. Hay que esperar el proyecto, revisarlo y remitirlo a la Comisión de Constitución”, acotó Torrez.
¿Qué dice la Constitución?
Torrez recordó que la distribución de escaños con base en los resultados del Censo está expuesta en el artículo 146 de la Constitución Política del Estado y no necesita de ninguna ley.
Asimismo, dijo que la redistribución de recursos de coparticipación también está contemplada en la Constitución y la Ley 026, de Régimen Electoral.
Entonces, “¿cuál el apuro de que se apruebe la ley?”, cuestionó. Sugirió la primacía de la cordura y la razón.
La Constitución señala que primero debe realizarse el Censo y con base en esos datos el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ejecutará la distribución de escaños y luego proponer una ley a la Asamblea Legislativa para su validación.
Aprobación
La madrugada del sábado, la Cámara de Diputados aprobó la ley por más de dos tercios de los presentes. De 119 legisladores, 91 la aprobaron, 25 la rechazaron y tres votaron en blanco.
Aunque el presidente de Diputados, Jerges Mercado, dijo que, una vez aprobada la ley, de inmediato fue remitida al Senado, Torrez aseguró que hasta la mañana de este lunes no había sido remitida aún a Senadores.
Censo
De acuerdo con Torrez, el Comité Interinstitucional, la Gobernación, la Universidad Gabriel René Moreno y el Comité pro Santa Cruz nunca le dijeron la verdad a los cruceños sobre la realización del Censo, y ahora encuentran su única salida a la aprobación de la ley.
Esas instituciones promovieron un paro indefinido desde el 22 de octubre con la premisa de “sí o sí” Censo en 2023.
Luego de varias mesas técnicas, el 11 de noviembre, el presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 4824, que define el Censo para el 23 de marzo de 2024 y el inicio de la redistribución de recursos a partir de septiembre de ese año.
Ante la imposibilidad de conseguir su propósito, el Comité Interinstitucionan demandó la promulgación de una ley que garantice la realización del Censo.
Tabla de salvación
“Su única salida es que se apruebe una ley (del Censo) que, desde mi perspectiva, es irrelevante porque los términos están plasmados en el Decreto Supremo 4824. El Censo está adelante aún sin la aprobación de la ley”, aseguró Torrez.
Reiteró que la aprobación de la ley será la “tabla de salvación” para las élites cruceñas, en este caso para Rómulo Calvo, Luis Fernando Camacho y Vicente Cuéllar, los líderes cruceños que mantuvieron un paro indefinido durante 36 días bajo la consigna Censo en 2023.
Desaprobación
El legislador recordó que el sábado, cuando Calvo anunció la suspensión del paro, muchos cruceños expresaron su indignación y fueron a apedrear su casa, e incluso se le cortó la energía eléctrica a su domicilio.
“Con la ley es lanzar una tabla de salvación a líderes que mintieron al pueblo”, cuestionó Torrez.
La Cámara de Senadores citó para las 08.30 de este martes a una nueva sesión, en la que se prevé la transmisión del proyecto de Ley 05 a una comisión camaral.
A pesar de su aprobación en Diputados, hay senadores que no están de acuerdo con la ley debido a que implicaría restar atribuciones del presidente Arce sobre el Censo.
