La defensa de la expresidenta Jeanine Áñez presentó un amparo constitucional para que pueda ir a juicio de responsabilidades, en el proceso que se le abrió por una presunta designación irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), durante su mandato.
Luis Guillén, abogado de la exmandataria, afirmó que con este recurso se busca dejar sin efecto la resolución judicial que se emitió en octubre, en sentido que Áñez debe ser juzgada por la vía ordinaria en este caso.
En función a este amparo constitucional “estamos pidiendo como medida cautelar que se suspenda la tramitación del juicio ordinario (…). Estamos buscando de que se respeten los derechos y las garantías de la exmandataria”, afirmó el jurista.
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Agregó que con esta medida legal se pretende demostrar que la acción de Áñez, durante su mandato, estuvo en el marco de la normativa en su calidad de exjefa de Estado, por lo que le corresponde un juicio de privilegio.
“Estamos hablando de un acto realizado por la exmandataria en (ejercicio en) presidencia de Estado y hablamos de un acto específico que solamente puede ser realizado por un Presidente de Estado, al no poderse realizar por otras autoridades, obviamente que corresponde dentro de lo que es un juicio de responsabilidades”, enfatizó Guillén.
El 13 de octubre, el juez Heber Torrejón determinó que Áñez no puede gozar de un juicio de responsabilidades por el caso EBA, por lo que el proceso se ventilará en la justicia ordinaria.
Ante ese escenario, la defensa de la exautoridad apeló esa determinación y anunció un proceso por prevaricato contra el juez.
Entre los principales argumentos del juez para asumir esa decisión está el hecho de que Áñez “no acreditó de manera documentada” que en 2019, tras la renuncia de Evo Morales, “hubiera adquirido la investidura presidencial siguiendo los rituales constitucionales previstos”.
En ese marco, justificó que “la asunción de facto deslegitima las prerrogativas para ser sometida a juicio de responsabilidades” y que los juicios de privilegio solo corresponden para los “funcionarios que asumen el cargo de forma constitucional”, en el marco de la Ley 044.
En mayo de 2020, Áñez, en su condición de presidenta transitoria, designó a Karina Leiva Áñez como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA).
El año pasado, la Fiscalía y el Viceministerio de Transparencia Institucional, promovieron un proceso en su contra, pues denunciaron que esa posesión fue “irregular”, en el entendido que Leiva Áñez no cumplía con los requisitos para asumir el cargo.
En consecuencia, la Fiscalía imputó a la exmandataria por cinco delitos: nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, anticipación o prolongación de funciones, y complicidad.
Así, se solicitó su detención preventiva durante seis meses.
De manera paralela, Áñez también fue implicada en los casos Golpe de Estado I y II. En este último proceso, que también se sustanció por la vía ordinaria, fue condenada en primera instancia a 10 años de cárcel, en junio de este año.
