El senador del MAS Rubén Gutiérrez dijo que la ley del Censo no salvará a quienes propiciaron el paro de 36 días en Santa Cruz, y los perjuicios que ocasionó la radical medida.
“Todos los hechos delictivos (cometidos durante el paro) tienen que ser investigados, y sancionados los autores intelectuales y materiales”, dijo a La Razón Radio.
Lea también: Las pérdidas por el paro suman casi $us 1.000 MM
En su análisis, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; el gobernador Luis Fernando Camacho y el rector Vicente Cuéllar tenían otros fines políticos y partidarios, al margen de exigir Censo en 2023.
Desesperación
Recordó que incluso en determinado momento “llegaron a la desesperación de plantear revisar la relación política de Santa Cruz con el Estado”.
“Había motivaciones político-partidarias de separatismo y divisionismo que han sido condenadas y rechazadas por todo el país; por eso no se han sumado las otras regiones a la movilización violenta”, afirmó.
Según el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, «las consecuencias fueron catastróficas, pérdidas de vidas humanas, pérdidas económicas millonarias, tanto en el sector público y privado y violación de los derechos fundamentales”.
Pérdidas
De acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, por día de paro en Santa Cruz las pérdidas económicas fueron entre $us 36 millones y $us 40 millones.
Cuatro personas perdieron la vida desde que comenzó el paro, el 22 de octubre. Una a consecuencia de una golpiza durante un enfrentamiento en Puerto Quijarro.
Dos fueron acuchilladas en un punto de bloqueo y un motociclista fue degollado por un cable coaxial.
Cinco pacientes renales perdieron la vida porque no pudieron llegar a sus tratamientos de diálisis debido a que los les dieron paso en los puntos de bloqueo y otros 170 pacientes oncológicos no recibieron atención.
Los gremialistas, transportistas y cuentapropistas fueron los más afectados debido a que se les prohibió desarrollar sus actividades.
Con el paro indefinido se atentó al derecho de los cruceños de trabajar y movilizarse.
“Nadie les va a salvar (responsabilidades). Ahora pretenden posicionar una idea de que hubiesen ganado, pero perdieron con la movilización cívica que planteaban censo 2023. Ahora esta ley y el decreto 4824 plantearán la realización del Censo en 2024”, indicó el senador.
Reiteró que esos hechos no pueden quedar en la impunidad ni olvido.
Salida
De acuerdo con Camacho, Calvo y Cuéllar, al final se ganó porque se logró que los resultados del Censo, a realizarse en 2024, sean empleados en las elecciones de 2025.
Los tres dijeron, por separado, que la fecha ya no era lo importante, en contradicción con lo resuelto en el cabildo del 30 de septiembre, sino que se había garantizado la redistribución de recursos de la coparticipación y de escaños parlamentarios.
Sin salvación
El senador Gutiérrez aseguró que la población cruceña y quienes sintieron más el paro de 36 días saben quiénes son los que los llevaron a esa situación “tan lamentable”.
“Han demostrado descontento y decepción porque saben cuál el interés verdadero y el trasfondo de la movilización. El pueblo tiene memoria y nadie va a poder salvarles”, aseveró.
Afirmó que el paro indefinido fue infructuoso, que se extendió injustificadamente, y eso lo sabe la población de Santa Cruz y el pueblo boliviano.
Ley
El fin de semana fue aprobada en Diputados la Ley para la Distribución de Escaños en Base a los Resultados del Censo de Población y Vivienda 2024.
Desde este martes comenzará el tratamiento de la ley en el Senado.
Para Gutiérrez, con la aprobación de la ley, “que pidieron los sectores más vulnerables”, se cerrará el ciclo de violencia ocasionado por el paro.
