El conflicto en Santa Cruz ya le pasa factura al Estado. El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, denunció la toma y quema de retenes de peaje en ese departamento. El daño asciende a Bs 2,1 millones desde el 28 de diciembre de 2022, cuando se aprehendió al gobernador Luis Fernando Camacho.
Montaño dio la información en una conferencia de prensa, acompañado del director nacional de Vías Bolivia, Emilio Zurita, quien lamentó los actos vandálicos. “Hay cuatro estaciones de peaje quemadas, totalmente destruidas”, remarcó. “Quemaron activos, servidores, que ahora debemos comprar a Japón”. Indicó que los vándalos buscaron incluso lo recaudado. “Eso es robo”. Y sentenció: “Esto es un daño económico al Estado”.
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Eso no es todo. Zurita señaló que hay otros nueve retenes de peaje tomados por miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), donde están pernoctando y no dejan realizar los cobros, estaciones que son parte de la red vial fundamental administrada por Vías Bolivia. Aparte, hay otros tres que están bajo amenaza.
Montaño atribuyó esta situación a la amenaza del presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien anunció el fin de semana un cambio de estrategia en las medidas de presión para exigir la liberación de Camacho, con la “protección” de “instituciones públicas del Estado para que no salga un peso de los cruceños al centralismo”.
Este caso investiga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, cuando Camacho y su padre, José Luis, los principales sindicados, jugaron un papel clave en las protestas cívicas ante las denuncias de fraude electoral. A ello se sumó un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas para la renuncia presidencial.
Gracias a las movilizaciones y reuniones extralegislativas, la entonces senadora opositora Jeanine Áñez tomó el poder. La Fiscalía demostró que lo hizo sin el respectivo quórum en la Asamblea Legislativa y sin respetar el reglamento de debates del Senado. Ella se encuentra en la cárcel de Miraflores, fue sentenciada a 10 años de prisión, en primera instancia, en el caso Golpe de Estado II, precisamente sobre su irregular proclamación.
RETENES DE PEAJE
El ministro Montaño indicó que los puntos afectados por las quemas y tomas de estaciones de peaje de la red vial fundamental están en las rutas de Santa Cruz que lo unen con Cochabamba, en la carretera nueva; con los valles por la carretera antigua; con el Chaco (Santa Cruz-Camiri-Boyuibe-Yacuiba); y con la Chiquitanía, que va al Beni.
“Decirle al señor Calvo, los recursos que se generan por el cobro de peaje de la red vial fundamental no solo solamente para el nivel central, sino también para Santa Cruz. De todo lo recaudado, el 30% lo entregamos a gobernaciones, en específico a la de Santa Cruz, sin que ella ponga un solo funcionario o que haga mantenimiento a la red vial fundamental”.
Tanto Montaño como Zurita subrayaron que la gobernación cruceña recibe en promedio Bs 50 millones anuales por este concepto. “Eso es lo que está poniendo en riesgo el señor Calvo en estos momentos, con la toma de los retenes o el cobro de peajes”, indicó el ministro.
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El daño económico al Estado por este concepto, desde el 28 de diciembre, informaron Montaño y Zurita, asciende a Bs 2.174.936. Por ello, el ministro anunció una denuncia. “Como autoridad me corresponde, igual al director nacional. A todas aquellas personas que han tomado, saqueado, quemado retenes de peaje, en algún momento la Justicia les llamará para pagar esas pérdidas económicas”.
Mientras el director de la estatal llamó a la reflexión a los movilizados. “Hay que deponer estas actitudes porque están haciendo un daño a la infraestructura del pueblo boliviano. Tenemos personas identificadas, vamos a hacer la denuncia por daño económico al Estado”.
