Este miércoles 4 de enero se cumple una semana de la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, investigado por su presunta vinculación con el caso Golpe de Estado I.
Este proceso se centra en la crisis política y social de finales de 2019, en la que, luego de 21 días de movilizaciones, el entonces presidente Evo Morales, renunció a su cargo y la senadora Jeanine Áñez se proclamó presidenta.
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Luis Fernando Camacho fue uno de los socios políticos de Áñez y estuvo presente en Palacio Quemado cuando ella asumió la conducción del país.
Además, durante los 21 días de movilización, Camacho, que por ese entonces era presidente del Comité pro Santa Cruz, demandó la salida de Evo Morales e incluso escribió una carta de renuncia que la llevaría a La Paz para que Morales “solo ponga su firma”.
A raíz de ese hecho, días después 36 personas fueron asesinadas por las fuerzas policiales y militares en las masacres de Sacaba, Huayllani, Senkata; entre otras.
Aprehensión
La aprehensión de Camacho, en cumplimiento a una orden judicial, provocó malestar en políticos de oposición, pero sobre todo en sus seguidores que descargaron toda su furia y malestar contra la Policía y los bienes del Estado.
El pasado 28 de diciembre, Luis Fernando Camacho fue aprehendido en Santa Cruz, por efectivos de la Policía, cuando se dirigía a su domicilio.
El Gobernador fue trasladado de inmediato al aeropuerto de Viru Viru.
Primeras reacciones
Varias personas trataron de evitar el operativo policial, pero no tuvieron éxito.
En cuestión de segundos, las redes sociales se vieron inundadas de imágenes del operativo.
Los cruceños se convocaron para ir de inmediato al aeropuerto a fin de evitar que una aeronave traslade a Camacho a otro departamento.
La multitud irrumpió la pista aérea y, luego de increpar a los funcionarios y personal militar, evitó que los aviones despeguen.
La asambleísta Paola Aguirre fue una de las principales promotoras de la protesta.
Incluso, con sus acompañantes, obligó a los pasajeros de un avión a descender, para luego ingresar a la aeronave a buscar a Camacho.
Otras aeronaves también fueron requisadas mientras se increpaba a los pilotos y demás personal de la terminal aérea.
Minutos después se conoció que el Gobernador ya había sido traslado en un helicóptero a Cochabamba y de ahí a la ciudad de La Paz.
Quemas
Aproximadamente a las 18.00 se conoció que Camacho ingresaba escoltado al edificio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz (FELCC).
Con el argumento de que se trataba de un secuestro y persecución política, grupos de jóvenes cruceños reaccionaron con extrema violencia y empezaron a destruir los bienes del Estado.
La multitud quemó el edificio de la Fiscalía Departamental y de la Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria (Diprevcom).
También se quemó el ex Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), Impuestos Nacionales y el Palacio de Justicia.
El domicilio particular del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, corrió la misma suerte, además de otros saqueos.
Dentro del edificio de la Fiscalía, al menos 30 vehículos también fueron quemados por la turba.
Se denunció que entre esas personas había miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, el brazo operativo del Comité pro Santa Cruz.
Horas despés, también fue quemada una agencia del Banco Unión y el ingreso del edificio de la Gobernación.
Enfrentamientos
Desde el 28 de diciembre, los enfrentamientos son constantes en la ciudad de Santa Cruz.
Cientos de cruceños se concentran todas las noches en inmediaciones de la rotonda del Cristo Redentor.
Cada noche persisten en su intento de tomar el inmueble del Comando Departamental de la Policía.
Los uniformados responden con gases lacrimógenos y los enfrentamientos, por lo general, duran hasta las primeras horas del día siguiente.
En pasados días se detuvo a dos personas, entre los manifestantes, que portaban armas de fuego con sus respectivos proyectiles.
Los hechos de violencia, protagonizados por ambos bandos, dejaron hasta la fecha al menos cinco vehículos de cuatro ruedas calcinados, al igual que dos motocicletas.
Detención preventiva
La madrugada del 30 de diciembre, el juez octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Sergio Pacheco, dispuso la reclusión de Camacho, en el penal de Chonchocoro, por cuatro meses.
Esta disposición desató aún más la furia de los cruceños y de los líderes cívicos de esa región.
Reporte
De acuerdo con el reporte del coronel Jhonny Chávez, comandante de la Policía cruceña, hay hasta la fecha 19 aprehendidos, 23 mandamientos de condena, 13 detenciones preventivas, 16 personas con medidas sustitutivas y 70 procesados.
También se contabilizó 23 instalaciones dañadas.
Dos personas perdieron la vista por el impacto de granadas de gas y otra sufrió fracturas en la mandíbula.
Sentencias
Un total de 11 aprehendidos por los ataques violentos al edificio del Comando de la Policía fueron condenados a tres años de cárcel.
Se los acusó por los delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional; asociación delictuosa, instigación pública a delinquir e impedir o estorbar el ejercicio de funciones.
Otros dos aprehendidos, por la toma y quema de las oficinas de una sucursal del Banco Unión, fueron enviados a Palmasola con detención preventiva.
Ambos fueron acusados por delitos de incendio, destrucción y deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional.
Reacciones
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, fue uno de los que más cuestionó la aprehensión de Camacho y su posterior encarcelamiento preventivo.
Desde el 30 de diciembre instó a los cruceños a “estar firmes en las calles” y continuar con las movilizaciones “pacíficas”.
Estas palabras se contardicen porque a diario se evidencia que la multitud es violenta e incluso agrede a los policías.
Entre las medidas que adoptó la Asamblea de la Cruceñidad para exigir la liberación de Camacho, está el bloqueo de las carreteras interdepartamentales.
Pero sobre todo, evitar que salga dinero y productos hacia occidente.
Días atrás, Calvo fue hasta el Comando de la Policía, acompañado por dos diputados extranjeros, y le exigió al subcomandante que sus efectivos dejen de atacar “a su pueblo”, que pare la violencia, que no se reprima y se permita continuar con la “movilización pacífica”.
La autoridad policial le respondió de inmediato y le dijo que “a toda acción obedece una reacción”, dejando en claro que los policías solo responden a las arremetidas de los movilizados.
Ese día, un grupo de mujeres también realizó una protesta y anunció la realización de una vigilia permanente en puertas del Comando de la Policía a fin de que los uniformados no “salgan más a reprimir”.
Los enfrentamientos entre policías y civiles se dan todas las noches y, al día siguiente se reporta lesiones en uno y otro bando, y el continuo deterioro a bienes públicos y privados.
Carta
Mientras la violencia es pan de cada día en Santa Cruz, Luis Fernando Camacho permanece en el penal de Chonchocoro, con asistencia médica constante puesto que su estado de salud se ha visto mermado desde el día de su encierro.
El 1 de enero, escribió una carta a la sociedad en la que responsabilizó al presidente Luis Arce, si llega a perder la vida.
El 3 de enero, el presidente Luis Arce, habló con un medio de comunicación brasileño y dijo que la participación de Camacho en el golpe de Estado de 2019 “es evidente”.
«Hoy hay videos en las redes en los que confiesa haber participado en el plan para poner a Áñez en el cargo. Y, por si fuera poco, todos lo vieron en el balcón de Palacio Quemado con la Biblia en la mano. La evidencia de su participación es evidente», sostuvo.
Añadió que la aprehensión de Camacho se debió a que no se presentó a declarar en La Paz cuando la Fiscalía lo citó.
Este miércoles, en otra carta dirigida a Luis Arce, Camacho insistió en que en 2019 no hubo golpe de Estado, y que es un caso inventado que busca revancha contra su persona.
A pesar de las protestas constantes en Santa Cruz y las acciones radicales, el Gobernador cruceño permanece en el penal de Chonchocoro y se pidió la ampliación de su detención, de cuatro a seis meses.
