El asesor de Gestión del Gobierno Departamental de Santa Cruz, Efraín Suárez, afirmó que hay una sucursal de esa institución en el penal de Chonchocoro y justificó ello porque “Luis Fernando Camacho seguirá ejerciendo el cargo esté donde esté”.
“El gobernador sigue siendo Luis Fernando Camacho y, como tal, estamos visitando una sucursal de la Gobernación de Santa Cruz que es acá, en Chochocoro”, dijo a los periodistas.
Liderada por Suárez, la comisión departamental llegó hasta ese recinto carcelario “para brindar un informe de los temas administrativos de la Gobernación”.
“Vamos a continuar viniendo, vamos a respetar los conductos regulares que tiene Régimen Penitenciario”, agregó.
Explicó que las causales para que el vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, asuma el cargo son cuatro: renuncia, revocatorio de mandato, por muerte y por una sentencia ejecutoriada, “que no se ha dado”.
“La gobernabilidad en Santa Cruz no está en entredicho, porque la asamblea sigue funcionando y el Gobernador, esté donde esté, va a seguir ejerciendo”, insistió.
Esa comisión está integrada por seis personas: “cuatro secretarios, un asesor legal y un director de la Gobernación”.
Jordán llega a Chonchocoro
Junto con ellos, llegó hasta Chonchocoro la esposa del gobernador cruceño, Fátima Jordán.
Al salir del aeropuerto, en contacto con medios, señaló que vino “a visitarlo, a ver en qué condiciones se encuentra, a ver cómo está su salud”.
“La familia sabe lo que nos dice la prensa. Sale a hablar el Ministerio de Gobierno, (el titular) de Salud, que nos mienten todos los días, por eso he venido personalmente para ver cómo se encuentra él de salud”, enfatizó.
Aprehensión
Camacho fue aprehendido el pasado 28 de diciembre en medio de un gran operativo policial y trasladado a La Paz.
Ahora cumple con una detención preventiva de cuatro meses, medida cautelar dictada por el fiscal Sergio Pacheco.
Sobre eso, Suárez dijo que “en términos jurídicos, es un secuestro, porque se dio en circunstancias poco normales”.
Desde entonces, Santa Cruz vivió jornadas de violencia que derivaron en enfrentamientos entre movilizados, que intentaron llegar hasta el Comando Departamental de la Policía y efectivos que la resguardaban.
Incluso se quemaron edificios de instituciones públicas, como la Fiscalía Departamental, del Instituto Nacional de Estadística (INE) y otros, además de viviendas particulares.
Además, se reportaron al menos cuatro vehículos quemados.
Por esos hechos, hay más de 30 personas arrestada y algunas de ellas ya cuentan con medidas cautelares.
Por su parte, la Policía anunció investigaciones por el uso excesivo de gases lacrimógenos y violencia hacia los movilizados.
