El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que dentro del territorio nacional está garantizado el derecho a la protesta siempre y cuando no se perjudique a terceras personas.
Enfatizó en esta garantía siempre y cuando no se cometan excesos que luego se podrían adecuar a algún tipo penal.
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“Si hay una marcha o protesta pacífica, siempre la vamos a respetar y tolerar, pero cuando existen personas que utilizan bazucas artesanales y bombas molotov, ahí va a actuar siempre la Policía”, señaló a los periodistas este jueves.
Agresiones
Desde el 28 de diciembre, a diario grupos de cruceños protagonizan movilizaciones y enfrentamientos con la Policía en demanda de la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho.
Imágenes de medios de comunicación y en redes sociales demostraron que los movilizados utilizan petardos, piedras y bombas caseras contra los policías.
Ello, en su intento de tomar el Comando Departamental.
A raíz de estos hechos, varios civiles y policías resultaron con lesiones de diversa gravedad.
Investigaciones
Por otra parte, Del Castillo anunció el inicio de las investigaciones en el seno de la Policía para verificar si hubo abusos de los efectivos en Santa Cruz.
“El trabajo, en el 99%, ha estado apegado al estricto cumplimiento de la normativa legal y vigente, a la local e internacional”, señaló.
A pesar de ello, no descartó que pueda existir que algún policía haya adecuado su conducta más allá de las normas establecidas.
De acuerdo a denuncias, los policías utilizan extrema violencia para reprimir a los manifestantes, aunque éstos porfían por tomar el Comando de Santa Cruz.
Es así que varias personas denunciaron que se asfixiaron con los gases lacrimógenos o fueron impactadas por las granadas de gas.
Otros acusaron a los uniformados de haberlos golpeado e incluso haber quemado sus motocicletas.
Instrucción
A partir de estas acusaciones, el titular de Gobierno instruyó a la Policía Boliviana iniciar investigaciones penales de oficio.
El objetivo es determinar si existió alguna vulneración de los derechos humanos por parte de algún policía.
Del Castillo dijo que, entre el 28 de diciembre y el 4 de enero, 27 infraestructuras cruceñas fueron asaltadas, dañadas y quemadas por grupos vandálicos, por ello, aseveró que no se permitirá que esos grupos se incrementen en Santa Cruz.
Además, hay 22 aprehendidos, 24 sentenciados, 14 personas con detención preventiva y 16 con medidas sustitutivas.
