El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que no puede haber injerencia de su despacho o de las movilizaciones en Santa Cruz para que la Justicia tome decisiones por la detención del gobernador Luis Fernando Camacho.
“El pedido de personas, en relación a una justicia independiente, es contradictorio con una intromisión del Ministerio de Justicia en decisiones judiciales o de las personas que están bloqueando en Santa Cruz”, explicó.
“La independencia judicial debe caracterizarse porque no exista ninguna intromisión externa la decisión de los jueces”, agregó.
El titular de Justicia respondió a los reclamos del bloque de oposición y del movimiento cívico cruceño, liderado por el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.
Reclamaron por una supuesta persecución política al gobernador Camacho, que cumple una detención preventiva de cuatro meses en el penal de Chonchocoro.
Esa medida cautelar fue dispuesta por el juez Sergio Pacheco, en el marco de las investigaciones por el caso Golpe de Estado I, que indaga el derrocamiento del expresidente Evo Morales en 2019.
“Lo que tenemos que cuidar es que la justicia no sea objeto de intromisión de ninguno de los factores; ni los mediáticos, ni los de la calle, ni de los actores políticos”, insistió.
Movilizaciones en Santa Cruz
Las movilizaciones a las que alude Lima comenzaron el 28 de diciembre, cuando miembros de la Policía Boliviana aprehendieron a la primera autoridad departamental y la trasladaron hasta La Paz.
Ese mismo día comenzó una serie de protestas que exigen la liberación de Camacho, pero los movilizados incurrieron en actos como la quema del edificio de la Fiscalía Departamental.
Los destrozos alcanzaron a otras edificaciones de instituciones públicas y privadas. También se vio el incendio de al menos cuatro vehículos.
Esos hechos generaron la reacción de la Policía Boliviana, que es blanco que críticas y denuncias.
Es cuestionada, primero, por el uso excesivo de gases lacrimógenos y por “abusos” en la aprehensión de unos 30 miembros de la protesta.
Enfrentamientos
Los movilizados trataron de tomar las instalaciones del Comando Departamental, en al menos dos ocasiones, pero los efectivos resguardaron su edificio.
Los efectivos fueron atacados con fuegos artificiales, piedras y hasta bombas molotov, según reportes policiales.
La respuesta fue inmediata, y utilizaron con gases lacrimógenos para disipar a la muchedumbre.
En ese intento, los agentes químicos alcanzaron a vecinos que nada tenían que ver en el problema.
Junto con ellos varios miembros de la prensa también sufrieron los efectos de los gases.
De los detenidos por las manifestaciones, varios ya cuentan con sentencia ejecutoriada, según informó Lima, y otros tienen detención preventiva.
Las autoridades investigan los acontecimientos para dar con los autores de la violencia en las jornadas de protestas.
Pero “pese a los reclamos por las presuntas agresiones de los policías, no hay ni una denuncia formal”.
