El ministro de Justicia, Iván Lima, negó que en Santa Cruz haya un “estado de excepción” o “de sitio», como lo afirmó el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, y dijo que “la situación que hay es de causa y efecto”.
“Los estados de excepción tienen características específicas y tienen que activarse cuando la Policía es desbordada, en este caso no existe esta situación (…). Lo que está sucediendo en Santa Cruz es una relación de causa y efecto”, dijo la autoridad.
El titular de Justicia explicó, en entrevista con Unitel, que un estado de excepción “implica una decisión del Órgano Ejecutivo y también un control de la Asamblea Legislativa”.
El miércoles, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) cuestionó “el accionar brutal de la Policía” ante las protestas de un grupo de ciudadanos que exige la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho.
“Este Gobierno no necesita dictar estado de sitio (…). La Policía los está haciendo lo que podía hacer si es que hayan tomado la decisión de tomar una medida de excepción”, dijo en conferencia de prensa.
Violencia en Santa Cruz
Las jornadas violentas en la capital cruceña se reactivaron el 28 de diciembre.
Eso luego de la aprehensión del gobernador Camacho en medio de un gran operativo policial.
Ahora, Camacho cumple una detención preventiva de cuatro meses en el penal de Chonchocoro, en La Paz, como dispuso el juez Sergio Pacheco.
Desde la tarde de esa jornada, un grupo de ciudadanos “autoconvocados” generaron una serie destrozos en edificios públicos y privados.
Por ejemplo, quemaron el edificio de la Fiscalía Departamental y, junto con él, al menos 30 vehículos de uso particular.
Otra infraestructura afectada es la del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los movilizados lanzaron piedras, rompieron las rejas de su fachada y otro tipo de destrozos.
Incluso, los movilizados intentaron, en dos ocasiones, tomar el Comando Departamental de la Policía.
Ante eso, efectivos tuvieron que evitar el paso de la muchedumbre con el uso de gases lacrimógenos.
En ese trajín, la violencia cobró fuerza. Por un lado, los movilizados lanzaron petardos y otro tipo de fuegos artificiales, además piedras e incluso bombas molotov, según informes de la Policía.
En respuesta, los uniformados utilizaron gases lacrimógenos para disipar a la turba, pero varios periodistas y vecinos, que nada tenían que ver con el problema, resultaron afectados.
“Hay más de 25 personas con sentencias condenatorias de un procedimiento abreviado, decenas de detenidos preventivos y la identificación de varias personas con armas de fuego”, recalcó Lima.
Además, cuestionó que ese tipo de acciones “muestran que no existe una protesta social en términos constitucionales”.
