La Corte de Distrito de Estados Unidos, al sur de Miami, Florida, condenó al exministro de Gobierno Arturo Murillo a 70 meses de cárcel; sin embargo, podría salir antes, por buen comportamiento.
“Puede bajar la sentencia por buen comportamiento. Ya está casi 20 meses (detenido) y puede bajar los 50 meses (que faltan)”, detalló el abogado Thomas Becker en entrevista con F10.
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El extitular de Gobierno fue detenido en Estados Unidos en mayo de 2021 y, desde esa fecha, está recluido en prisión bajo cargos de lavado de dinero y sobornos.
Deportación
El acuerdo de aceptación de culpa firmado por Murillo en Estados Unidos, consigna también una posible deportación obligatoria.
Según el punto 18 del acuerdo al que accedió La Razón, al haber aceptado culpabilidad, Murillo sabe que “tiene consecuencias en relación a su estatus migratorio, si es que no es ciudadano estadounidense”.
“De hecho, debido a que el acusado se declara culpable del delito de conspiración para lavado de dinero, la deportación es presumiblemente obligatoria”, señala el documento.
Expulsión
Según Becker, en teoría, el gobierno de Estados Unidos puede extraditarlo, pero esa posibilidad “casi nunca pasa”.
“En general, la persona recibe sentencia y luego es expulsada a su país (una vez que la cumple), lo más probable es que será expulsado porque en ‘gringolandia’ no quieren personas que cometan delitos de alto nivel”, detalló.
Proceso en Bolivia
Al margen del proceso judicial en aquel país, Murillo está acusado en Bolivia de haber cometido varias irregularidades durante su gestión como ministro de Gobierno.
Por ello, Bolivia ya solicitó su extradición a fin de que rinda cuentas con la justicia nacional.
De acuerdo con Becker, para que Murillo sea procesado en Bolivia se debe continuar con el pedido de extradición.
Ello, a fin de garantizar que no escape a otro país, una vez que salga de Estados Unidos.
En su análisis, el Estado boliviano debe negociar con Estados Unidos.
Delito
En octubre de 2020, Murillo se declaró culpable por los delitos de lavado de dinero y soborno.
De acuerdo con las investigaciones, a inicios de 2020 adquirió, con sus cómplices, un lote de gases lacrimógenos con sobreprecio.
Por la compra, mediante la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), se pagó $us 3,3 millones a la brasileña Cóndor y luego ese mismo lote se vendió al Estado boliviano en $us 5,6 millones.
Según información del Departamento de Justicia estadounidense, Murillo recibió $us 532.000 en “pagos de soborno” y lavó $us 130.000 en ese país.
