En 13 días, desde la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho, la Defensoría del Pueblo, registró 25 casos de presunta vulneración a los derechos humanos, de los cuales, 23 corresponden a Santa Cruz y dos a La Paz.
Esos hechos “comprenden el uso desmedido de la fuerza policial, agresiones a periodistas, heridos, quemas de inmuebles y vehículos (particulares y públicos), entre otros”, señala un informe publicado por esa institución.
El 28 de diciembre del año pasado, el gobernador de Santa Cruz fue aprehendido y trasladado a La Paz, para comparecer ante el Ministerio Público por el caso Golpe de Estado I.
En ese marco, fue imputado por el delito de terrorismo y un juzgado cautelar determinó su detención preventiva por el lapso de cuatro meses, en el penal de Chonchocoro de La Paz.
Desde entonces, se registraron —sobre todo en Santa Cruz— movilizaciones violentas, saqueo y quema de oficinas públicas, detenciones y enfrentamientos entre manifestantes y la Policía.
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Asimismo, se activaron bloqueos dentro la capital cruceña y el cierre de carreteras en las provincias y hacia el interior del país.
Ante ese escenario, la Defensoría instó a los movilizados a deponer actitudes, sin embargo, la escalada de violencia no da tregua en esa región del país.
En ese marco, se detectaron 23 casos que se reportaron en Santa Cruz, mientras que en La Paz se registraron dos hechos, uno de ellos referido al funcionario de Impuestos Nacionales que denunció torturas.
La Defensoría alertó además que en este conflicto se hacen recurrentes los discursos de odio, racismo y discriminación, hechos que “no se deben naturalizar”, afirmó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
“Es importante recordar al Estado que se constituye en el garante y promotor del ejercicio y vigencia de los derechos de todas las bolivianas y los bolivianos y, en ese rol, debe adoptar todas las medidas necesarias para justamente garantizar esos derechos”, afirmó Callisaya.
En ese marco, hizo varias exhortaciones para evitar más confrontaciones, en el entendido el Estado “es el garante y promotor del ejercicio de los derechos humanos”, por lo que debe adoptar las medidas necesarias para “lograr el ejercicio real y efectivo de los mismos”.
Asimismo, el defensor pidió al Ministerio Público y al Órgano Judicial a llevar adelante los procesos penales en el marco del debido proceso, respetando el derecho a la defensa, con una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones.
Se sumó al llamado del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, en sentido de que los jueces actúen libres de presión y con independencia en sus actos procesales.
Exhortó también a la administración de Régimen Penitenciario a garantizar los derechos de todas las personas privadas de libertad.
Asimismo, el defensor recomendó a la Policía a hacer uso de la fuerza, en cumplimiento de los estándares internacionales, en el marco de la proporcionalidad.
El defensor llamó a los movilizados a que realicen ejerciten el derecho a la protesta en el marco del respeto a los derechos de los de las otras personas.
Además de las protestas en Santa Cruz, en La Paz —desde la pasada semana— se registraron tensiones en inmediaciones de Chonchocoro, donde pobladores del lugar abrieron zanjas para impedir el paso de personas afines a Camacho.
Al respecto, el defensor reiteró que “no se puede naturalizar la violencia”, “ni impedir el ejercicio de los derechos venga de donde venga”.
Sobre el caso del gobernador Camacho, el defensor indicó que se abrió una investigación sobre las circunstancias de su aprehensión y que se espera la respuesta a cinco pedidos de información que se hizo al Ministerio de Gobierno, Policía y Fiscalía.
