Desde que fue detenido preventivamente, el gobernador Luis Fernando Camacho sufrió, al menos, cuatro reveses judiciales, por lo que se ratificó su permanencia en el penal de Chonchocoro de La Paz, por el caso Golpe de Estado I.
A esto se suman las vigilias que se instalaron en inmediaciones de ese recinto penitenciario y zanjas que se abrieron en el camino, que dificultan el acceso de los servicios jurídicos en favor de Camacho, denunció su defensa legal.
Desde finales de diciembre se presentaron recursos legales para que el gobernador pueda ser atendido en un centro de salud “de forma adecuada”, fuera de la cárcel, para recibir el tratamiento por la enfermedad que padece.
“A la fecha se le han negado tres acciones de libertad, pues se ha dispuesto a través de esas acciones las recomendaciones de las autoridades de que se atienda su estado de salud de forma inmediata y si es necesario trasladarlo a un centro hospitalario”, explicó Juan Carlos Camacho, abogado del gobernador cruceño.
La más reciente acción de libertad quedó sin efecto, a inicios de enero, cuando una jueza de Santa Cruz declinó competencia para tratar el caso y remitió obrados a La Paz.
El cuarto revés judicial se registró este miércoles, cuando se canceló una audiencia de apelación, en la que se buscaba que Camacho pueda defenderse en libertad y queden sin efecto los cuatro meses de reclusión que dispuso un juez en diciembre de 2022.
“Se suspendió la audiencia por razones ajenas al gobernador, por una observación que hizo el vocal de la Sala Penal Segunda, que observó un poder de representación por parte de la Procuraduría y ordenó que se remitan antecedentes ante el juez de control jurisdiccional para que subsane esas piezas procesales”, explicó Cristofer Balcázar, otro abogado de Camacho.
En la oportunidad, el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno y la exdiputada Lidia Patty (MAS) también debían solicitar que la detención del procesado se amplíe a seis meses.
No obstante, la audiencia fue postergada, sin fecha, debido a la supuesta cesación de la vocal de la Sala Penal Segunda, Rosmery Pabón.
La Subprocuraduría del Estado observó la prórroga de las funciones de la vocal, por lo que la audiencia no se llevó a cabo.
A toda esta situación legal, se suma el hecho de que en inmediaciones de Chonchocoro se abrieron zanjas y pobladores del lugar realizan vigilias.
Abogados, familiares y personas afines a Camacho denunciaron agresiones y restricciones por parte de esas personas, a quienes los sindican de ser “enviados” del Gobierno.
“Impiden las visitas y que realicemos nuestra labor de ejercer y brindar servicios al defendido”, lamentó Balcázar.
Además, la defensa del gobernador cruceño presentó una acción de protección de privacidad, después de que el Gobierno difundió una fotografía del privado de libertad en ese reclusorio.
“Se ha presentado una acción de protección de privacidad para velar por la imagen, integridad del gobernador Luis Fernando Camacho en contra de estas autoridades que han exhibido estas imágenes”, indicó el abogado Carlos Ledezma.
Explicó que la acción legal se asumirá contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, además del gobernador de ese penal y el funcionario que tomó las imágenes.
La semana pasada, Del Castillo brindó una conferencia de prensa para informar sobre la salud de Camacho y expuso varias diapositivas presentadas, en las que se incluyó una fotografía del gobernador en una cama del penal recibiendo tratamiento médico.
El 28 de diciembre del 2022, el gobernador cruceño fue aprehendido y trasladado a La Paz, para comparecer ante la Fiscalía por el caso Golpe de Estado I.
En ese marco, fue imputado por el delito de terrorismo y un juzgado cautelar determinó su detención preventiva por cuatro meses en Chonchocoro.
Desde entonces, se registraron movilizaciones violentas en esa región, además que se abrió la polémica sobre la persona que reemplazará al gobernador, mientras esté encarcelado.
