El Gobierno condenó la agresión que sufrieron trabajadores de la prensa, en Santa Cruz y La Paz, durante los conflictos que iniciaron luego de la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho, quien ahora está recluido por el caso Golpe de Estado I.
“Como gobierno, condenamos enérgicamente las agresiones que sufren periodistas, vengan de donde vengan”, afirmó la noche de este miércoles la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, quien lamentó los ataques que sufrieron tanto trabajadores de medios del Estado como privados.
En ese marco, afirmó que está garantizada la labor de este gremio para comunicar e informar, por lo que instó a los afectados a realizar la denuncia correspondiente, pues además de la Fiscalía, ahora el Ministerio de Justicia se suma para realizar las investigaciones.
Lamentó que hubo agresiones que no fueron puestas en conocimiento de las autoridades y que en varios casos, el Ministerio Público tuvo que activar las investigaciones de oficio.
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“Como gobierno reconocemos la legitimidad y el valioso trabajo que desarrollan los periodistas en beneficio de la sociedad”, afirmó la autoridad.
Estas agresiones se registraron, sobre todo, luego de la aprehensión de Camacho, el 28 de diciembre del 2022, y posterior detención preventiva en el penal paceño de Chonchocoro, luego que fue imputado por el delito de terrorismo.
Desde entonces, se registraron protestas, enfrentamientos, quema y destrucción de oficinas públicas, sobre todo en la región cruceña, además que se abrió una polémica sobre la persona que reemplazará al gobernador, mientras esté encarcelado.
Similares movilizaciones se realizaron en La Paz, el martes, donde se registraron enfrentamientos entre sectores que apoyan la liberación de Camacho y de quienes lo rechazan.
Durante esos hechos, varios periodistas recibieron insultos, amenazas, golpes, pedradas e incluso escupitajos. Una periodista de la Red Uno registró esa situación en imágenes y denunció en redes sociales que entre los agresores había funcionarios públicos.
Similares agresiones sufrieron periodistas de Unitel, Erbol y otros medios privados.
Al respecto, Alcón reiteró que existen todas las “garantías” para que los periodistas desarrollen su trabajo de forma “responsable y equilibrada”.
Asimismo, afirmó que el Gobierno no emitió ninguna norma o disposición que afecte la “libertad de expresión de los trabajadores de la prensa ni de ningún ciudadano”.
“Hay que recalcar que los hechos denunciados en los últimos días se dieron en un contexto de hechos delictivos que deben ser investigados: instituciones públicas y privadas, quemadas y saqueadas”, remarcó Alcón.
En ese marco, instó a los representantes de las asociaciones y organizaciones de medios y trabajadores de la prensa para que también se pronuncien y condenen las agresiones contra trabajadores de medios estatales.
Denunció que “Bolivia TV no emite señal desde la regional de Santa Cruz desde hace nueve días, debido a amenazas y hostigamiento a periodistas y sus familiares”.
“Esto será remitido a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, puntualizó la viceministra.
Agregó que una periodista de Patria Nueva fue agredida en tres oportunidades por grupos afines a los cívicos y la Unión Juvenil Cruceñista.
Alcón detalló que en Santa Cruz, el Ministerio de Gobierno presentó, de oficio, tres denuncias por agresiones a periodistas, mientras que la Fiscalía investiga otros cuatro casos por lesiones graves leves, robo agravado, y otros delitos contra trabajadores de la prensa.
Horas antes, la Defensoría del Pueblo también censuró las agresiones y acciones violentas que sufrieron al menos siete trabajadores de la prensa, el martes, en la cobertura de las movilizaciones en La Paz.
Demandó al Estado investigar de oficio, identificar y sancionar a los responsables, pues esos hechos “atentan” contra la libertad de información, señala un comunicado emitido por esa institución.
