El Ministerio Publico determinó la ampliación de la investigación contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, en el marco del caso por la masacre de Senkata, en El Alto, el 19 de noviembre de 2019.
De acuerdo con las investigaciones, esos hechos de violencia derivaron en una decena de fallecidos, por impactos de bala, tras la masacre de Sacaba, cuatro días antes, en Cochabamba.
La información fue confirmada este martes por el ministro de Justicia, Iván Lima.
“Memoria, Verdad y Justicia, el Ministerio Publicó ha informado al Juez Cautelar Primero de la ciudad de El Alto la ampliación del proceso penal por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves contra Jeanine Áñez Chávez quien será juzgada por la Masacre de Senkata” (sic), escribió la autoridad en su cuenta de Twitter.
Los fiscales Wálter Lora Uría, Iván Cernadas Miranda y Favio Maldonado Parada comunicaron esa decisión en contra de Áñez al Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto.
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La acción penal se enmarca en el proceso seguido de oficio en contra del general Luis Fernando Valverde Ferrufino y otros, por los hechos registrados en la zona de Senkata, durante el traslado de un convoy de combustible en noviembre de 2019.
“Tenemos a bien comunicar a su autoridad la ampliación de investigación en mérito a lo dispuesto por los artículos 8; 12 numerales 1 y 2; 40 numerales 1 y 2 de la Ley 260; a efectos de control jurisdiccional conformen a los artículos 54, 293 de la Ley 1970 en contra de la ciudadana Jeanine Áñez Chávez” (sic), se lee en el documento judicial.
De acuerdo con la investigación preliminar, Valverde Ferrufino quien fungía como director interino de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), ordenó que se desplace el convoy de combustible desde la planta de Senkata, el 19 de noviembre de 2019, en medio de una violenta represión en esa zona.
Según el escrito, la Policía y las Fuerzas Armadas reprimieron a la población civil, “registrándose un saldo de 31 personas heridas cuyas lesiones son compatibles con proyectil de arma de fuego, lesiones por elemento contuso perforante”.
Asimismo, da cuenta de 10 muertos por impacto de bala, de los cuales “se identifica dos fallecidos por calibre 9 mm, 1 fallecido por calibre 5.56 y 4 fallecidos por calibre 22; los restantes 3 cadáveres presentaron orificios de entrada y de salida” (sic).
Según el Ministerio Público, se amplió la responsabilidad en contra de Áñez por la emisión del Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre de 2019, que eximió de responsabilidad penal a personal militar y policial por sus actuaciones en hechos como Senkata y en Sacaba (Cochabamba).
Por estos hechos, la exmandataria ahora es acusada por los delitos de “genocidio, homicidio y lesiones graves y leyes previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó los hechos de la crisis de 2019 y determinó que hubo masacres en Senkata y Sacaba.
De manera paralela, Áñez es procesada por una presunta designación irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), durante su mandato, en 2020.
Asimismo, está acusada en los casos Golpe de Estado I y II. En este último proceso, que se sustanció por la vía ordinaria, fue condenada en primera instancia a 10 años de cárcel, en junio de 2022.
