La defensa de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez considera que, en el marco del caso Senkata, un posible juicio por la vía ordinaria en contra de su cliente sería un “perjuicio para las supuestas víctimas”.
“Sería un perjuicio para las supuestas víctimas de Senkata porque un juicio no se desarrollaría y sería declarado nulo», dijo su abogado.
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«La supuesta justicia no sería válida porque no se ha seguido el debido proceso”, acotó.
Ampliación
En pasadas horas, el Ministerio Publico determinó ampliar la investigación contra Áñez por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves.
En conferencia de prensa, el abogado Luis Guillén recordó que dentro de este proceso ya existe una proposición acusatoria contra Jeanine Áñez.
Esa proposición fue remitida por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en agosto de 2021, a la Asamblea Legislativa.
La proposición se encuentra en curso.
«La Asamblea Legislativa debe concluir el trámite, decidir si Jeanine Áñez es procesada dentro de un juicio de responsabilidades”, acotó Guillén.
Añadió que esta ampliación establece “doble proceso” porque se trata de “sobreposicionamiento” de los órganos del Estado.
“El Órgano Ejecutivo a través del Órgano Judicial se quiere sobreposicionar sobre la Asamblea Legislativa”, explicó.
Nulidad
Acotó que ante esta sobreposición se puede considerar vicios de nulidad en los actuados que tramita el Ministerio Público.
Aclaró que la Constitución Política señala que, independientemente de la forma de ascensión de expresidentes, éstos tienen derecho a un procesamiento en juicio de responsabilidades.
“Se evidencia que no se ponen de acuerdo los fiscales de El Alto, que ampliaron una imputación, y la Fiscalía General”, aseveró.
Masacre
El 19 de noviembre de 2019, efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas desarrollaron un operativo conjunto en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto.
El operativo fue contra una manifestación de ciudadanos que se oponía al “golpe de Estado” y proclamación de Áñez como presidenta.
En esa luctuosa jornada, los elementos de seguridad hicieron uso de sus armas de fuego y acabaron con la vida de 10 personas.
También dejaron heridas a otras 47.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en 2021 investigó los hechos de la crisis política y social de 2019, determinó que en Senkata y Sacaba hubo masacres.
Por esos hechos se iniciaron procesos judiciales contra varios policías y militares que están imputados por delitos de terrorismo y conspiración.
Decreto de la muerte
El 12 de noviembre de 2019, la entonces senadora Áñez se había proclamado presidenta y el 14 de noviembre promulgó el Decreto Supremo 4078.
Ese decreto era conocido como “decreto de la muerte”.
La norma autorizaba a los militares a hacer uso de sus armas de fuego para “reestablecer el orden público” y los liberaba de responsabilidad penal.
