El Gobierno ratificó este jueves que se seguirá trabajando con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), luego que Comunidad Ciudadana (CC) denunció que el Ejecutivo retiró del país a la misión técnica de ese organismo.
El Estado “ratifica su compromiso de seguir trabajando y cooperando con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, a través de su oficina regional para América Latina con sede en la ciudad de Santiago de Chile”, afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani.
La autoridad calificó como “versiones falsas” la denuncia de los legisladores de CC sobre la supuesta expulsión de la misión técnica y aclaró que “esta instancia ha cumplido el tiempo de permanencia en el país, que se había acordado anticipadamente con el Estado Plurinacional de Bolivia”.
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“La misión técnica se encontraba en el país a invitación del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia con el fin de recabar información de primera mano y coadyuvar a esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos registrados en el país a finales de 2019”, explicó Mamani, citado en un comunicado de la Cancillería.
Horas antes, la senadora Andrea Barrientos (CC), afirmó que el Gobierno del MAS activó una “plan negro” para dejar en situación de vulnerabilidad a la ciudadanía, ante las movilizaciones violentas que se registraron, sobre todo, en Santa Cruz.
“No tienen veedores acreditados en territorio nacional porque el Gobierno no se los permite, sacándolo al Alto Comisionado se nos va nuestro último bastión internacional de defensa (…). Es un plan negro que ha creado el Movimiento Al Socialismo para cortar los derechos humanos de los bolivianos”, denunció la legisladora.
No obstante, Mamani insistió que el Gobierno seguirá trabajando con esa entidad, con el objetivo de garantizar el acceso de la ciudadanía a los derechos humanos, consagrados en la normativa nacional e internacional.
En ese marco, el Vicecanciller detalló que la misión se instaló en diciembre de 2020 y extendió su permanencia en dos ocasiones: la primera ampliación fue hasta diciembre de 2021 y luego se pactó que la conclusión de su trabajo sea el 31 de diciembre de 2022.
“El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia seguirá impulsando, promoviendo y garantizando de manera comprometida el ejercicio y goce pleno de los derechos humanos en el marco de su Constitución Política del Estado y los tratados internacionales relativos a los derechos humanos”, remarcó la autoridad.
