El “cabildo nacional” convocado por el Comité pro Santa Cruz, que debía realizarse de forma simultánea en todo el país, no contó con la supervisión ni el acompañamiento del Órgano Electoral, al tratarse de un mecanismo constitucional “de democracia directa y participativa”.
La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia explicó que ninguna institución del país hizo la respectiva solicitud a esa entidad ni a ningún Tribunal Electoral Departamental (TED).
“El Tribunal Supremo Electoral y ningún Tribunal Electoral Departamental ha recibido una solicitud de acompañamiento a los cabildos”, afirmó la autoridad electoral.
En ese marco, explicó que de acuerdo con el reglamento electoral, todas las instancias e instituciones que requieran acompañamiento para ese tipo de actividades, tienen que hacerlo con 10 días de anticipación.
Este es el procedimiento, “porque tenemos que disponer la presencia de recursos humanos y recursos técnicos”, agregó Chuquimia.
La vocal recordó que el Órgano Electoral sí fue convocado para los cabildos que se realizaron en septiembre y octubre de 2022, respectivamente, cuando estaba en discusión la fecha del Censo.
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A fin de darle legalidad a las decisiones del cabildo, las instituciones cruceñas convocaron al TED de Santa Cruz, para acompañar esas concentraciones y tomen nota de las decisiones que emanen de esa actividad.
Al respecto, la presidenta del TED cruceño, María Cristina Claros, afirmó que su labor se limitó a la “observación” del evento.
En tanto, la vocal Dina Chuquimia reiteró que la presencia del TED en el cabildo fue para “observar y acompañar” la actividad, lo que no significa que eso legalice las decisiones que emanaron del encuentro.
No obstante, en esta oportunidad, el Órgano Electoral no fue convocado, ni siquiera por el Comité pro Santa Cruz que la pasada semana convocó a los comités de los nueve departamentos, además de El Alto, a sumarse al “cabildo nacional”.
Una de las principales demandas en esos encuentros fue la “defensa de la democracia, justicia y liberación” de quienes ellos consideran “presos políticos”, entre ellos la expresidenta Jeanine Áñez, hoy detenida por el proceso denominado Golpe de Estado I y con una condena de 10 años, por el caso Golpe de Estado II.
En el primer hecho también fue implicado el gobernador cruceño y exlíder cívico, Luis Fernando Camacho, quien está detenido preventivamente en el penal paceño de Chonchocoro, desde fines de 2022.
En ese marco, los cabildos —entre otras cosas— coincidieron en demandar “amnistía” para esos “ presos políticos”, entre los que están exministros, además de exjefes policiales y militares.
Al respecto, horas antes, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que las demandas del “cabildo nacional” vulneran las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en sentido que no se debe dar amnistía a quienes vulneraron los Derechos Humanos durante la crisis de 2019.
Explicó que el punto 10, de las 36 recomendaciones que planteó ese grupo de expertos, en marzo de 2022, señala que “el Estado Plurinacional de Bolivia no debe otorgar amnistías”.
Respecto a la legalidad del cabildo, Lima afirmó que esa convocatoria, al tener un carácter “nacional”, debió solicitar el acompañamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE), situación que no ocurrió.
