El ministro de Justicia, Iván Lima, denunció que el “cabildo nacional”, previsto para la tarde de este miércoles, busca la liberación de detenidos por violación de derechos humanos que deben ser procesados.
“El Gobierno del Estado Plurinacional no debe decretar amnistías y es precisamente lo que se está pidiendo en este cabildo”, dijo.
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La semana pasada, el Comité pro Santa Cruz convocó al denominado “cabildo nacional”, impulsado por la aprehensión y posterior detención del gobernador Luis Fernando Camacho.
Su impulsor, Rómulo Calvo, aseguró que el “pueblo boliviano en su conjunto” le dirá al gobierno del presidente Luis Arce “ya basta de injusticias, de atropellar la democracia y de perseguir políticamente a quienes piensan diferente”.
Presos políticos
Al respecto, Lima dijo que se “ha creado una categoría de 183 perseguidos políticos” y que sus seguidores piden que se decrete una amnistía.
“Se preguntará quiénes son esas 183 personas, y entre ellas están los militares, policías y exministros acusados por las masacres de Senkata y Sacaba”, afirmó.
Recomendaciones
Lima remarcó que no se puede dar amnistía a los responsables de violación de derechos humanos identificados.
Acotó que, de hacerlo, se estaría obrando en contra de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).
Una de las 36 recomendaciones del GIEI señala:
Garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos identificadas en este informe o en casos similares.
“Esas graves violaciones de los derechos humanos no las decimos nosotros, lo dice el informe GIEI-Bolivia y la justicia boliviana con imputaciones y detenciones preventivas», dijo.
«En este momento esta movilización está buscando dejar sin efecto mediante una amnistía”, insistió.
Dos de los principales acusados por esos hechos son la expresidenta transitoria, Jeanine Áñez, recluida en el penal de Miraflores.
También el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido preventivamente en Chonchocoro desde el pasado 30 de diciembre.
