Los Ponchos Rojos exigen pruebas de las acusaciones de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, sobre el financiamiento e ingreso de balas “dum dum” a Perú por parte de este sector. “Que muestre pruebas o que se calle y responda las muertes de Perú”.
“Si la presidenta (Dina Boluarte) tiene elementos materiales para acusar a los Ponchos Rojos para acusar de esta situación, que las presente, caso contrario que se calle, así de textual le decimos. Ella debe responder por los muertos que hay en el Perú, nosotros como pueblo aymara del departamento de La Paz, nos solidarizamos con nuestros hermanos de Juliaca y Puno (Perú)”, indicó el dirigente Ruddy Condori al medio de comunicación urgente.bo.
Boluarte señaló principalmente a la provincia Omasuyos del altiplano de La Paz por presuntamente introducir “armas letales” para reforzar las manifestaciones en el vecino país; pide que se investigue a este sector afín al expresidente boliviano Evo Morales.
“Sabemos, de manera extraoficial, que por la frontera de Perú y Bolivia han ingresado estas armas letales, llamadas ‘dum dum’, traídas por los Ponchos Rojos, por eso digo que la Fiscalía investigue de manera objetiva y rápida, para que podamos todos saber la verdad, yo quiero saber la verdad”, argumentó Boluarte.
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En ese sentido, el dirigente sugirió su renuncia y calificó de cobarde las declaraciones de la mandataria, por pretender manchar el nombre de los Ponchos Rojos.
“Sea responsable presidenta del Perú, tenga por los menos elementos de convicción y materiales fehacientes, no puede mellar la dignidad de una organización como son los Ponchos Rojos. Pero, además, asuma su responsabilidad y responda a su población, porque intentar salvar esa tan dañada imagen acusando a una organización como son los Ponchos Rojos, es cobarde e irresponsable”, sostuvo Condori.
Boluarte pidió este miércoles a la Fiscalía peruana que investigue de forma rápida y objetiva la implicación de los Ponchos Rojos, pues aparentemente estas habrían sido las armas utilizadas en los enfrentamientos que tuvieron lugar el pasado 9 de enero en Juliaca y Puno, que se saldaron con la muerte de 18 personas.
Esto se produce después de que el Gobierno peruano remitiera el lunes una nota diplomática de protesta a Bolivia por las declaraciones del presidente boliviano, Luis Arce, en las que expresaba su respaldo a la ola de protestas que sacude el país.
