El presidente de la Comisión Mixta de Justicia y Ministerio Público de la Asamblea Legislativa, senador Luis Adolfo Flores (MAS), informó que esa entidad está “imposibilitada” para debatir la aprobación de un juicio de responsabilidades contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez.
Explicó que desde 2021 hasta la fecha, el Ministerio Público no completó el requerimiento que solicitó esa comisión. Es decir, documentación que avale que el mandato presidencial de Áñez se enmarcó en la Constitución Política.
En criterio de Flores, la Fiscalía no acreditó la condición de Áñez como presidenta del Estado y tampoco se pronunció al respecto.
Por tanto, “la comisión mixta no puede cubrir la ausencia identificada, por lo que se encuentra imposibilitada de seguir en el trámite correspondiente». «No podemos complementar las pruebas presentadas por el Ministerio Público”, enfatizó.
En ese marco, dijo que el control jurisdiccional de este caso le corresponde a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Por tanto, debe solicitar a la Fiscalía General del Estado que se pronuncie sobre la observación hecha por esa comisión.
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“La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia es la que debe pronunciarse sobre esta observación”, enfatizó.
Por tanto, la comisión mixta remitió la documentación para que suplan o puedan complementar las pruebas suficientes, a fin de que esa entidad camaral apruebe o no un juicio de responsabilidades.
“No hay suficientes pruebas fundamentadas de que Áñez haya sido presidenta del Estado Plurinacional (…). Ella tampoco ha presentado pruebas”, agregó el senador Flores.
En caso de que las autoridades judiciales remitan la documentación requerida, se reanudará el debate de este tema, aunque aclaró que “no hay plazos específicos en estos procesos”.
TSJ
Según Flores, a la fecha, la Comisión Mixta de Justicia tomó conocimiento de tres proposiciones acusatorias contra la exmandataria, remitidas por el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia.
Uno tiene que ver con un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), por más de $us 200 millones; otro referido a la ampliación de un contrato de Fundempresa; y el tercero sobre la vulneración del derecho al trabajo y a la libertad de expresión, interpuesto por ciudadanos bolivianos que venían de Chile, en la época de la pandemia.
La defensa legal de Jeanine Áñez presentó este martes una acción de cumplimiento. Busca que la Asamblea Legislativa, a través de la Comisión Mixta de Justicia y Ministerio Público, reactive el debate para autorizar un juicio de responsabilidades contra la exmandataria, por las masacres de Sacaba y Senkata, en 2019.
Medida
Este recurso se planteó en contra del presidente nato de la Asamblea y vicepresidente del Estado, David Choquehuanca; además contra todos los miembros de la mencionada comisión, en el entendido que hay un “incumplimiento de deberes”.
Áñez se encuentra encarcelada en Miraflores, en La Paz. Fue sentenciada en primera instancia a 10 años de prisión, en el caso Golpe de Estado II. La Fiscalía expuso que asumió el poder de forma irregular, sin el quórum respectivo en la Asamblea y sin respetar el reglamento del Senado. El proceso está en apelación.
