A través de una carta manuscrita desde el penal de Chonchocoro, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó que no permitirá que el MAS tome la Gobernación.
“El más intenta tomar la Gobernación de Santa Cruz para derrotar el camino de la democracia; no (lo) vamos a permitir”, señala una parte de la carta.
Camacho, detenido preventivamente en Chochocoro por el caso Golpe de Estado I, describe “dos caminos” para el país: el de la democracia y el de la dictadura.
«El camino de la dictadura es la propuesta del MAS (Moviemiento Al Socialismo) y el camino de la democracia es la propuesta que desde Santa Cruz le hacemos al país”, dice.
Esas declaraciones surgen por una acción constitucional presentada por la bancada regional del MAS en el afán de lograr la suplencia de Camacho por parte del vicegobernador Mario Aguilera.
Desde Creemos, fuerza oficialista en ese departamento, afirman que Camacho “sigue trabajando sin ningún problema” desde el recinto carcelario.
Así, justificaron que no es necesario que Aguilera asuma ese cargo.
Le puede interesar: Asambleísta dice que el objetivo del MAS es apartar a Camacho del ejercicio del cargo
En contraposición, los asambleístas departamentales del MAS, que presentaron ese recurso, afirman que “la Gobernación está a la deriva”.
“Aquí estamos y aquí estaremos en defensa de la democracia (…). El gobierno de Luis Arce pretende pisotear el mandato de nuestro estatuto departamental y la voluntad de los cruceños, generando una sucesión arbitraria”, cuestiona Camacho.
Desde Creemos surgieron las voces de un “intento de golpe” a la Gobernación cruceña por parte del partido de Gobierno.
“El objetivo final de la del gobierno masista es desestructurar a nuestra institución para gobernar colocar un gobernador funcional sus intereses”, denuncia el Gobernador.
Camacho es una de las principales figuras de oposición al gobierno de Arce.
Pero sus actos cobraron fuerza en 2019, durante los conflictos poselectorales de noviembre de ese año.
Esas movilizaciones derivaron en la renuncia del entonces presidente, Evo Morales, el 10 de noviembre.
A eso, el oficialismo llamó “golpe de Estado” y es, precisamente, por ese caso que el juez Sergio Pacheco dictó cuatro meses de detención preventiva en Chonchocoro.
