La expresidenta transitoria Jeanine Áñez está de nuevo en la mira de la justicia. La acusan por la venta irregular de 13.772.980 litros de Jet Fuel A- I, en 2020, a menos de la mitad de su costo en el mercado internacional.
De acuerdo con la denuncia interpuesta en la Fiscalía, durante su mandato, Áñez y su gabinete avalaron el Decreto Supremo 4272 para vender el carburante subvencionado. Es decir, lo que a precio internacional costaba a Bs 6,65 se vendió a Bs 2,77.
Según las investigaciones preliminares, ese hecho generó un daño económico al Estado valuado en Bs 53.990.081,60.
En ese marco, se abrió una investigación por los delitos de resoluciones contrarias a la ley y la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
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Esa situación “conllevó una mala administración de un recurso estatal tal como es el Jet Fuel A-I». «Que fue comercializado a un precio menor al establecido en el Decreto Supremo N° 28932 de 20/11/2006”, señala parte de la denuncia interpuesta el jueves.
Ese decreto, puesto en vigor durante la administración de Evo Morales, solo permitía el precio subvencionado para vuelos nacionales.
El abogado de Áñez, Luis Guillén, afirmó que esta acción forma parte de la “persecución política”. Se activó en contra de la expresidenta y su gabinete, pues se trata de un nuevo proceso que es promovido por la vía ordinaria.
“Se está desconociendo otra vez su ejercicio como presidenta del Estado al denunciarla en la vía ordinaria, pasando por alto que le corresponde juicio de responsabilidades”, insistió el jurista.
La denuncia fue presentada el jueves por el Viceministerio de Transparencia.
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Ante esa acción, Guillén argumentó que durante la pandemia surgió la necesidad de que muchas personas regresen a sus lugares de origen por el cierre de fronteras.
Por esa contingencia, la administración de Añez emitió el decreto para subvencionar el precio del combustible de avión. Así, se activaron vuelos económicos.
El jurista observó que se suele recurrir a los tipos penales de resoluciones contrarias a la ley y la Constitución e incumplimiento de deberes, puesto que son ambiguos en su definición y son más fáciles para adecuar una imputación.
Añez fue detenida en marzo de 2021 por el caso denominado Golpe de Estado I. A ese proceso se suma el caso Golpe de Estado II, en el cual ya se dictó una sentencia en primera instancia de 10 años.
A esos procesos, se suma el caso EBA, además de las masacres de Sacaba y Senkata, que también son impulsados por la vía ordinaria.
