La Defensoría del Pueblo gestionó la realización de una junta médica para establecer un diagnóstico médico actual del exdirigente cocalero César Apaza. Hoy internado en el Hospital de Clínicas de La Paz, luego que sufrió una embolia.
A través de la Delegación Defensorial de La Paz y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se solicitó esta evaluación. Informó el coordinador defensorial de La Paz, Francisco Rodríguez.
Explicó que en la actividad, realizada este jueves, participaron especialistas de varios servicios. Como ser Neurología, Psiquiatría, Imagenología, Emergencias, Dirección y Gestión de Calidad de ese nosocomio.
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En ese marco, se determinó un “prediagnóstico” de accidente cerebrovascular de tallo cerebral. Esto debe ser descartado o confirmado por un estudio de resonancia magnética, que se realizará este viernes.
Rodríguez informó que desde la Defensoría, también se hace seguimiento a la situación judicial de Apaza, quien cumple una detención preventiva desde 2022.
Defensoría
Apaza fungía como presidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca y luego fue recluido en Chonchocoro, tras ser procesado por la toma violenta del mercado de coca de Villa El Carmen, el 8 de septiembre del año pasado.
Respecto a los problemas de salud del exdirigente, Rodríguez apuntó que fue la Defensoría del Pueblo que posibilitó su atención médica, que derivó en su traslado al Hospital de Clínicas.
Junta
Precisó que fue esa entidad la que solicitó la realización de la junta médica.
Asimismo, se verificó que Apaza recibe atención médica constante, por parte del personal de la Unidad de Emergencias del nosocomio.
Anunció que la entidad defensorial continuará haciendo seguimiento a este caso hasta establecer el diagnóstico preciso y las necesidades de atención que requiera el privado de libertad.
Apaza
Rodríguez adelantó también que por instrucción del Defensor del Pueblo se inspeccionará todos los centros penitenciarios del país.
El objetivo es hacer un diagnóstico de las condiciones de infraestructura y de personal médico con el que cuentan, para atender a los privados de libertad.
