El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, admitió que, al menos por ahora, hay imposibilidad de revocar el mandato del presidente Luis Arce.
“Corresponde cumplir la norma y lo primero para que sea revocado es que cumpla la mitad de su mandato, antes de eso nada”, dijo este lunes en conferencia.
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El presidente Luis Arce fue posesionado el 8 de noviembre de 2020 y la mitad de su mandato se cumple recién en el mes de mayo del presente año.
Cabildo
En el cabildo cruceño del 25 de enero, el entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, advirtió al presidente Luis Arce, que impulsaría el revocatorio de su mandato si no dictaba un decreto de amnistía en favor de “presos políticos”.
Le dio 30 días para que atienda esta demanda, que en su criterio era el pedido de todos los bolivianos. Ese plazo se cumplió el pasado sábado.
Negativa
La semana anterior el Gobierno dejó en claro que no habrá ninguna amnistía porque en el país no hay “presos políticos”, sino personas encarceladas y que son investigadas por la comisión de diversos delitos.
A pesar de ello, Larach está esperanzado en que Arce “recapacitará y dictará la amnistía”.
“Hay esperanza que recapacite y de tranquilidad a los bolivianos”, acotó.
Política
Por su parte, el analista constitucionalista Franklin Gutiérrez, dijo que el Comité pro Santas Cruz es una entidad privada y que no goza de democracia popular, pues al igual que con los demás comités, se vuelve una agrupación política que entra en temas de políticas de Estado.
“Son intereses privados que no quieren pensar en las victimas porque si el presidente Arce emite ese decreto, las víctimas de los sucesos de 2029 le van a iniciar un juicio de responsabilidades, junto con su gabinete”, explicó a la red ATB.
insurrección
En su análisis, la advertencia de revocatorio es una ‘insurrección’ que se da en Santa Cruz.
Además que Larach pretende “meterse en políticas públicas y competencias del nivel central.
“Quiere formar parte del Gobierno y que el presidente Arce le pregunte si está bien o mal”, dijo Gutiérrez.
Para el Gobierno, el pedido de amnistía es también la búsqueda de impunidad para las personas que cometieron delitos.
Y rompieron el orden constitucional a finales de 2019.
