Comenzó el debate legislativo. El MAS y las alianzas opositoras en la Asamblea preparan el reglamento para la selección de los candidatos a las próximas elecciones judiciales; el primer debate que se viene es cómo evaluarlos en la instancia parlamentaria.
Hay que recordar que la selección de los postulantes debe estar a cargo de las comisiones mixtas (de senadores y diputados) de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, y de la de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.
Naturalmente, desde ambos frentes, del oficialismo y la oposición, se remarca la idoneidad profesional y moral de quienes vayan a ser seleccionados. Los disensos empiezan cuando se habla de los criterios que se deben usar para valorar a los mejores postulantes y quiénes deben evaluarlos.
Por ejemplo, cuando una de las fases del proceso en la Asamblea Legislativa es la impugnación a los precandidatos, el senador del MAS Rubén Gutiérrez plantea que el periodo de dichos cuestionamientos debe ser ampliado.
Para las impugnaciones en el pasado, dijo, “hemos tenido muy poco tiempo; debemos dotarnos de un tiempo razonable para que la gente pueda participar impugnando, cuestionando, valorando a quienes estén en carrera”, declaró a LA RAZÓN el senador del MAS.
Una propuesta novedosa del MAS es que se pueda incorporar una suerte de “veeduría social” al el proceso selectivo: “La ciudadanía, el pueblo, a través de la sociedad civil organizada quiere participar en calidad de observadores, en calidad de veedurías derivadas del control social”.
El MAS también propone elevar el nivel de exigencia a los postulantes, establecer una nota mínima de 71 (sobre 100), cuando en la última elección este piso era de 56. Y que los comicios sean en el último trimestre de este año.
OPOSITORES.
Del lado de la oposición, la senadora de Creemos por Santa Cruz Centa Rek anunció a LA RAZÓN que su alianza y Comunidad Ciudadana (CC) están preparando una única propuesta de reglamento.
“Coincidimos con Comunidad Ciudadana en unir nuestras propuestas y presentarlas para debatir”; dicho planteamiento estará listo la próxima semana, anunció.
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“Hay dos temas que creo son cruciales”, subrayó Rek, “cómo evaluar mejor (a los postulantes) y cómo limitar la participación (de los candidatos que habiendo sido autoridad pretendan serlo otra vez): no pueden de una instancia judicial pasarse a otra; tiene que haber limitantes para precautelar el ejercicio idóneo, que la Justicia no sea un pasanaku”.
Con la consigna de que la evaluación sobre todo “tiene que ser técnica”, la senadora Rek insiste en que para una mejor evaluación, hay que “sacar” el mecanismo (el examen) de la Asamblea: ésta “tiene que pedir la cooperación para que otras instituciones plurales permitan una evaluación confiable; tiene que ser una evaluación técnica”.
Breve memoria de anteriores evaluaciones
2011, idiomas El reglamento exigía “hablar al menos dos idiomas oficiales” del país; aunque en una disposición transitoria, por ser la primera vez, se flexibilizó esta exigencia.
2011, militancia Se establecía que la no militancia en un partido político deba ser hasta tan solo un año antes de la postulación. En el reglamento de 2017, este requisito fue ampliado a cinco años.
2017, violencia En el reglamento de 2017 se introdujo la exigencia de que el postulante no sea objeto de procesos de violencia intrafamiliar en contra y no tenga “parentesco hasta el cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad” con el Presidente, el Vicepresidente, senadores y diputados.
2011 y 2017, dirigentes En ambos reglamentos se mantiene para el postulante el “no haber sido dirigente o candidato de alguna organización política en los últimos cinco años”.
2011 y 2017, edad Edades mínimas de los postulantes: 35 años para el aspirante al Tribunal Constitucional, y 30 para los tribunales Supremo de Justicia y Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura.
2011 y 2017, experiencia En todos los casos se exige al menos ocho años de experiencia en el área.
