El abogado Luis Guillén, que realiza la defensa legal de Jeanine Áñez, informó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya remitió los antecedentes del caso denominado masacre de Senkata a un juez de El Alto para iniciar el juicio por la vía ordinaria.
De acuerdo con el procedimiento, el juez primero de Instrucción Penal de El Alto, Marco Amaru, recibió este legajo documental. El procedimiento ocurrió el 23 de febrero, cuando emitió el respectivo decreto judicial, por el cual declaró que el caso está en su jurisdicción.
“Los antecedentes del proceso de juicio de responsabilidades de Senkata han sido puestos en conocimiento (…) dentro de este juzgado». «Se lo hizo sin haber puesto en conocimiento a ninguna de las partes”, denunció Guillén.
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Afirmó que esa acción se realizó “sin haber esperado que se resuelva una apelación». «Puesen la apelación evidentemente puede salir una decisión favorable”, lamentó el jurista.
El 22 de febrero, el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz recibió los antecedentes del caso, por parte del TSJ. Al día siguiente, la documentación fue remitida al juez Amaru.
Áñez
Guillén cuestionó que con esa acción se haya dado la facultad al juez alteño para allanar el proceso por la vía ordinaria. Se actuó así pese a que también se tramita un juicio de responsabilidades contra Áñez, por este mismo caso.
Con este antecedente, se allana la ruta para que Áñez sea juzgada en la vía ordinaria por la masacre de Senkata en 2019. En este caso fue denunciada por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves.
De acuerdo con las investigaciones, el 19 de noviembre de 2019 se registraron esos hechos de violencia que derivaron en una decena de fallecidos, por impacto de bala.
TSJ
En ese marco, la Fiscalía presentó todos los argumentos para que el caso se resuelva por la vía ordinaria.
En tanto, la defensa de Áñez solicitó continuar con el juicio de responsabilidades, en su calidad de expresidenta, el cual debe ser aprobado por dos tercios de voto en la Asamblea Legislativa.
Guillén afirmó que en el marco de este proceso ya existe una proposición acusatoria contra Áñez, que fue remitida por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en agosto de 2021, al Legislativo, donde el trámite continúa.
Según el Ministerio Público, se amplió la responsabilidad en contra de Áñez por la emisión del Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre de 2019.
Senkata
Esa norma eximió de responsabilidad penal a personal militar y policial por sus operativos en regiones como Senkata y Sacaba.
Por estos hechos, la exmandataria ahora es acusada por los delitos de “genocidio, homicidio y lesiones graves y leyes previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano”.
