La Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) publicó su estudio, desarrollado entre el 3 de febrero y el 3 de marzo, derivado de 127 consultados. Según la ficha, se trató de un “grupo selecto y plural” de actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos.
Ante la pregunta de cuál es su posición respecto a la detención del gobernador Camacho en el marco del caso Golpe de Estado I, el 36,3% respondió que está de acuerdo “plenamente”. Sin embargo, el 26,6% consideró el caso “juicio político”.
El 21% dijo estar de acuerdo con la detención, no así con la forma. Y el 15,3% también expresó su acuerdo, aunque consideró que Camacho debería defenderse en libertad.
En otro acápite del estudio, el 34,7% consideró que la detención de Camacho implica una “persecución política”, el 22,1% cree que se trata de la “búsqueda de justicia” y el 22,6% percibe que son “ambas cosas”.
Ante la consulta de si la disputa interna en el Movimiento Al Socialismo (MAS) influyó en la detención de Camacho, el 46,8% dijo “mucho”, el 33,9% afirmó “algo” y el 9,7% respondió “poco”.
Detención
Gobernador de Santa Cruz ahora, Camacho fue aprehendido el 28 de diciembre del año pasado acusado por presunto terrorismo en el caso llamado Golpe de Estado I. Siendo presidente del Comité pro Santa Cruz, en 2019 propició movilizaciones contra el gobierno de Evo Morales, quien luego renunció.
Entonces, Camacho pactó con militares y policías, como admitió luego en un video, el apoyo a su causa. Así, el 10 de noviembre, las Fuerzas Armadas y la Policía sugirieron la renuncia del mandatario.
Desde el 30 de diciembre guarda detención preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el municipio de Viacha, en La Paz. La Asamblea Departamental de Santa Cruz, de mayoría de Creemos, acaba de avalar la continuidad de su gestión desde el presidio.
Golpe de Estado
A instancias de la exdiputada del MAS Lidia Patty, Camacho es principal acusado del caso. Sin embargo, la primera detenida resultó Áñez, quien fue aprehendida en un operativo el 13 de marzo de 2021, cuando, según la Policía, estaba a punto de abandonar el país.
Sucesora de Morales, el 12 de noviembre de 2019, la exsegunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores guarda detención preventiva por la causa en la cárcel de Miraflores, en La Paz.
En otro caso, Golpe de Estado II, sobre su proclamación presidencial, Áñez fue sentenciada en junio de 2022 a 10 años de prisión, acusada de delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
En otro proceso, es acusada por las masacres de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, y de Senkata, el 19 de noviembre. Sobre esto último, un juez consideró pertinente un juicio ordinario y éste lunes el Tribunal de Justicia remitió los obrados para el caso.
Lea más: Richter dice que Áñez no cuenta con “ningún documento” que la acredite como presidenta constitucional
Estudio
El estudio de FES se ocupó también del caso. Ante la pregunta de cuál es su posición respecto al juicio ordinario contra la expresidenta Áñez por la masacre de Senkata, el 62,9% respondió que “corresponde un juicio de responsabilidades”.
El 33,1% de los consultados dijo, según el estudio, estar de acuerdo con el juicio ordinario y el 1,6% cree que no debería haber ningún juicio en el caso.
El 14 de noviembre de 2019, Áñez y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 4078, que libraba de responsabilidades penales a los militares en la eventual represión a las movilizaciones contra el régimen de entonces.
De la acción policial militar en ambas masacres, una veintena de manifestantes murió a bala. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció que en el caso de Sacaba hubo ejecuciones sumarias.
