Alaín Canedo, abogado de Jeanine Áñez, advirtió que, si la expresidenta es juzgada por la vía ordinaria en el caso Senkata, posiblemente el juicio será declarado nulo y los perjudicados serán las víctimas.
“Más allá de que se la procese y se la declare inocente o culpable, mañana (el juicio) será declarado nulo», dijo.
«Porque no se ciñe al debido proceso y los perjudicados serán las verdaderas víctimas que demandan un adecuado conocimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades”, afirmó este miércoles en La Razón Radio.
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El martes, el juez primero en lo Penal de El Alto, Marco Amaru, se declaró competente para procesar en la vía ordinaria a la expresidenta en el caso de las muertes en la masacre de Senkata.
Decreto
El 14 de noviembre de 2019, Áñez y sus ministros firmaron el Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades penales a los militares llamados a la acción.
Con esa norma, policías y militares reprimieron las protestas por el derrocamiento de Evo Morales y la proclamación de Áñez.
Al día siguiente, el 15 de noviembre, una decena de personas murieron alcanzadas por las balas en Sacaba, Cochabamba, Y el 19 de noviembre, otra decena murió en las mismas circunstancias en Senkata, El Alto.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) calificó de masacres a ambas acciones de las fuerzas de seguridad.
Procesos
Si este juicio prospera, será el cuarto por la vía ordinaria. El primero fue el caso Golpe de Estado II, por el que fue sentenciada a 10 años de cárcel.
Está pendiente el caso Golpe de Estado I y el tercero investiga la designación de la responsable de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), en 2020.
Juicio
Canedo reiteró que, más allá de su eventual responsabilidad por las muertes, su clienta, en su calidad de expresidenta de Bolivia, tiene derecho a juicio de responsabilidades.
Situación que está establecida en el artículo 184 de la Constitución y la Ley 044.
El parágrafo 4 del artículo 184 establece: “juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia (al Tribunal Supremo de Justicia), a la Presidenta o al Presidente del Estado, o a la Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato”.
“El juicio se llevará a cabo previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes, y a requerimiento fundado de la Fiscal o del Fiscal General del Estado, quien formulará acusación si estima que la investigación proporcionó fundamento para el enjuiciamiento. El proceso será oral, público, continuo e ininterrumpido. La ley determinará el procedimiento”, complementa.
Proposición
El abogado recordó que, en 2021, el ministro de Justicia, Iván Lima, presentó en la Fiscalía una proposición acusatoria contra ella.
En su criterio, así el Órgano Ejecutivo reconocía que merecía un juicio de responsabilidades.
“El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, admitió procedencia de juzgamiento, que se denomina técnicamente requerimiento acusatorio”, explicó Canedo.
Lanchipa emitió ese requerimiento y lo puso a conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia.
“Ahí se involucra el segundo Órgano del Estado y luego pasa a consideración (…) de la Asamblea Legislativa, y es el tercer órgano del Estado involucrado”, apuntó.
Contradicción
Sin embargo, Canedo afirmó que desde agosto de 2021 se evidencia una contradicción.
Ello porque, en su criterio, ese trámite está suspendido “sin que haya criterio de orden lógico y jurídico”.
De acuerdo con su análisis, ese giro hacia la vía ordinaria se dio porque el Gobierno no tiene dos tercios en la Asamblea Legislativa para la aprobación de juicio de responsabilidades.
Aseguró que el proceso contra Áñez “se maneja bajo una coyuntura política sin sentido”.
Insistió en que, más adelante, una instancia internacional declarará nulos esos juicios.
Ello, en su opinión, implicará la pérdida de “la oportunidad de buscar verdadera justicia sobre hechos y víctimas”.
El jurista subrayó que Áñez no se va a someter a ningún proceso ordinario.
Además, que la estrategia de defensa no está concentrada en los argumentos de defensa en los procesos.
Sino en reclamar el tema de la competencia en juicios de responsabilidades.
