El Gobierno de Bolivia afirmó que no reconoce el informe de Estados Unidos sobre Derechos Humanos (DDHH); el viceministro de Justicia, César Siles, afirmó que solamente se trabaja con instituciones de las que el país forma parte.
A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Bolivia denunció que ese tipo de acciones, responden a una “práctica de injerencia”.
“El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en referencia al Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los Derechos Humanos, manifiesta que no reconoce este tipo de documentos emitidos de forma unilateral”, señala parte del documento.
La nota agrega que ese tipo de informes “son una práctica de injerencia en asuntos internos y elaborados sin fundamentos objetivos que lo sustenten”.
Por su parte, el viceministro Siles afirmó que Bolivia es respetuoso de los organismos a los cuales está adherido, por ejemplo, de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Si la Corte dicta una sentencia, tenemos que cumplir esa sentencia; si la Comisión emite un informe, con recomendaciones y obligaciones que cumplir, las vamos a cumplir”, declaró Siles, este martes, en La Razón Radio.
El viceministro sostuvo que el país no se puede basar en “informes sesgados, que no han tenido la contraparte del Estado boliviano”.
El “Informe de países sobre prácticas de Derechos Humanos en 2022” de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado fue publicado el 20 de marzo.
En su acápite referido a Bolivia, menciona las aprehensiones de la expresidenta Jeanine Áñez y del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. Menciona, además, que grupos internacionales de DDHH señalaron varios casos, posiblemente motivados por móviles políticos iniciados por el Gobierno.
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En ese marco —agrega el informe— se registraron “arrestos arbitrarios”, todos contra opositores al Gobierno o miembros del gobierno anterior.
“Las autoridades ofrecieron varias justificaciones para el arresto de Camacho, pero finalmente declararon que fue detenido por su papel en la crisis política de 2019, que el Gobierno describió como un ‘golpe de Estado’”, establece.
“Human Rights Watch afirmó que la justificación de la detención preventiva de Camacho era muy frágil”, agrega el documento.
Al respecto, la Cancillería, indicó que Bolivia se adscribe al “multilateralismo y a sus mecanismos de evaluación para la garantía, la protección y el cumplimiento de los Derechos Humanos”.
“Reafirmando estos compromisos se han realizado una serie de visitas de distintas instancias de Derechos Humanos”, destaca el comunicado gubernamental.
“En esta línea, entre el 27 y 30 de marzo estará en nuestro país una misión de alto nivel de la CIDH, con el objetivo de conocer la situación de los mismos en distintas regiones”.
