Como “poco serio” e “intervencionista” fue calificado el pedido de un grupo de seis congresistas de Estados Unidos a su gobierno para aplicar sanciones al país por supuestas violaciones a los derechos humanos.
En las últimas horas, los congresistas de Estados Unidos Marco Rubio, Rick Scott y Bill Cassidy, así como los representantes Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, pidieron en una nota a su presidente Joe Biden imponer sanciones a Bolivia por supuestas vulneraciones a los derechos humanos.
El vicecanciller Freddy Mamani calificó de carente de seriedad la solicitud de congresistas estadounidenses y recordó que una muestra del compromiso de Bolivia con los derechos humanos es el respaldo para que asuma la vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reportó la agencia ABI.
«Esta solicitud es de solo seis congresistas de 435 que tiene el Congreso de Estados Unidos, y no tiene ningún tipo de fundamento, además que no es una decisión del gobierno estadounidense”, dijo Mamani.
“En nuestro país velamos por los derechos humanos y el acceso a la justicia y ese compromiso se demuestra en la apertura de nuestro Gobierno para invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegará para observar la situación de los derechos humanos en nuestro país», añadió.
Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, también rechazó la posición de los seis legisladores de Estados Unidos y consideró que son «insinuaciones intervencionistas».
«La comunidad internacional debe conocer y responsabilizar a ese senador estadounidense (Rubio), y a otros de su país, por promover políticas intervencionistas en diferentes regiones del mundo», afirmó y reiteró que «el respeto a la soberanía de cada país es un principio fundamental de convivencia armónica en la comunidad internacional».
Rodríguez afirmó que las «insinuaciones intervencionistas» se suman a las declaraciones de la Jefa del Comando Sur de EE. UU. Laura Richardson, sobre el interés del país del norte en los recursos naturales como el litio.
Hace unos días, en una nota difundida por su Embajada, EEUU aseguró que no tiene intereses “intervencionistas” en Bolivia, después de que su Jefa del Comando Sur había dicho que el litio de Bolivia era un asunto de “seguridad nacional” para su país y criticó la presencia de capitales rusos y chinos.
Desde todos los ámbitos, el rechazo en Bolivia a esas declaraciones fue total, mucho más porque se usa el término “patio trasero”, que fue tomado como un claro signo de discriminación hacia el país y las otras naciones de esta parte del continente.
En Bolivia también son parte de la polémica las detenciones y procesos de algunos líderes políticos, como Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez, en el marco de un par de procesos judiciales abiertos por los hechos de 2019 que terminaron con el crimen de 36 personas en las masacres de sacaba y Senkata.
La oposición considera a estas detenciones como “abusos” y “violaciones a los derechos humanos”, mientras el Gobierno y otras instituciones afirman que lo único que se busca es “hacer justicia”.
