La tarde de este lunes, exvocales electorales recibieron reconocimientos durante una sesión de desagravio, organizado por el Ministerio de Justicia, por la violación de sus derechos humanos, durante la crisis del 2019.
En el evento participó como invitado, Joel Hernández García, comisionado de la CIDH. Que es parte de una delegación que llegó al país para hacer labores de monitoreo a la situación de los derechos humanos.
Durante el evento, se entregó el reconocimiento a María Eugenia Choque Quispe, expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
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Asimismo, en la sesión de desagravio se reconoció a los exvocales nacionales. Antonio José Iván Costas, Idelfonso Mamani Romero, Edgar Gonzales López, Lucy Cruz Villca y Lidia Iriarte Torrez.
Además, se entregó el mismo reconocimiento al directorio e integrantes de la Asociación de Exautoridades Electorales. Víctimas de persecución, tortura detención y procesos arbitrarios golpe de Estado 2019.
Exvocales electorales
Durante el acto, la expresidenta Choque afirmó que en 2019, se creó una “red de conspiración”. A través de las redes sociales, por la que los exvocales recibieron “amenazas, insultos mellando nuestra dignidad”.
“Nos es difícil superar esta violencia psicológica, física, mediática (…). Necesitamos devolvernos esa dignidad humana (…). El hecho no solo fue algo que afectó a la persona, sino para las familias”, lamentó la exautoridad electoral.
En 2019, tras las elecciones generales del 20 de octubre, activistas y políticos denunciaron un fraude en las urnas. Promovido por la administración del entonces presidente Evo Morales, quien según los resultados de esos comicios había vuelto a ganar.
El hecho activó protestas y movilizaciones violentas en todo el país. Incluso, la Policía se amotinó y el alto mando militar sugirió a Morales dimitir al cargo.
Desagravio
El 10 de noviembre del 2019, Morales decidió anular esos comicios, convocar a nuevas elecciones y renovar a todos los miembros del TSE, con el fin de bajar la tensión en las calles.
Sin embargo, ello no ocurrió, y ese mismo día renunció al cargo. Dos días después, la entonces senadora opositora Jeanine Áñez asumió la presidencia del país, a lo que el MAS denominó como Golpe de Estado.
Desde entonces, vocales nacionales y departamentales fueron cesados de sus cargos y procesados por la justicia ordinaria, y detenidos preventivamente como los vocales del TSE.
Luego de tres años de investigación, el Ministerio Público determinó el sobreseimiento de los procesados, porque no se lograron probar los delitos por los que fueron procesados.
Derechos humanos
Sin embargo, Delfín Álvarez Fernández, representante de la asociación de exvocales, lamentó que se violaron sus derechos humanos, pues fueron víctimas de “persecución, hostigamiento y denigración”.
Afirmó que fueron el “blanco de la desestabilización política”, con la “consigna falsa” de que hubo fraude electoral.
“Las autoridades de entonces allanaron de forma ilegal nuestros domicilios, hicieron aprehensiones ilegales, nos exhibieron sin respetar nuestro derecho a la privacidad y a la honra (…). Sufrimos tiorua en las calles y cárceles”, denunció.
Al respecto, el representante de la CIDH, recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI–Bolivia) recomendó analizar la situación de los exvocales electorales.
Así, se expresó “conmovido” por los testimonios que escuchó de las exautoridades.
Son “testimonios de detenciones arbitrarias, torturas, procesos alejados del debido proceso, sin garantías judiciales, prisiones preventivas oficiosas”, afirmó.
Crisis 2019
“Lo que más me impactó fue lo que muchos de ustedes me contaron, de cómo su proyecto de vida quedó truncado a partir de esos hechos”, agregó el representante de la CIDH.
Durante ese diagnóstico, Hernández García, dijo que se detectó “abuso del derecho penal en contra de personas que simplemente estaban haciendo su trabajo”.
Al respecto, el viceministro de Justicia, César Siles, garantizó que este es un “primer paso” que da el Estado para resarcir los daños que sufrieron las víctimas de persecución, detenciones ilegales, procesamiento indebido, y violación de sus derechos humanos”.
“Este acto es el inicio de lo que debemos hacer como estado boliviano (…) en la reparación integral y no repetición, que implica, tratar de volver a su estado natural lo que fue quebrado o destruido”, afirmó.
“En este caso, ustedes fueron perseguido, se quedaron sin trabajo, por simplemente cumplir una tarea que se les encomendó el Estado”, agregó la autoridad.
Ministerio de Justicia
En ese marco, informó que el Gobierno trabaja en la política de reparación, con acciones concretas a corto, mediano y largo plazo, que no solo es indemnización económica, sino, “tratar de volver a su estado natural las cosas que fueron quebrantadas”.
Así, Siles les invitó a participar en el plan de implementación de esas políticas para que estas “violaciones de derechos humanos no se vuelvan a repetir”.
