La CIDH, tras hacer un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en Bolivia, concluyó que la justicia es altamente dependiente e instó al consenso para su reforma.
En ese marco, el informe preliminar de esa entidad concluyó que la sociedad está afectada por la falta de acceso a la justicia, debido a dos razones.
“La primera caracterizada por falencias normativas y debilidades institucionales; y la segunda, por la ausencia de independencia judicial”, señala el informe.
Lea también: La CIDH destaca la libertad de expresión, pero expresó preocupación por la agresión a periodistas
“En Bolivia, históricamente la justicia se ha manejado de manera instrumental dependiendo de los intereses del poder político en turno”, agrega el documento.
Según la CIDH, esto deriva en “largos procesos penales”, reiteradas extensiones de detenciones preventivas, personas con sentencias cumplidas sin orden de libertad y dificultades para la obtención de beneficios de libertad anticipada.
CIDH
Ante ese panorama, la entidad extranjera, sugirió una “profunda reforma del sistema de justicia”, que garantice una plena y efectiva independencia judicial, para para alcanzar la “consolidación de un estado de derecho”.
En ese marco, la Comisión consideró que la elección de altas autoridades del Órgano Judicial, proceso previsto para octubre, es una “oportunidad histórica” para que Bolivia dé un primer paso hacia una “reforma integral” de la administración de justicia.
Así, se proyecta “asegurar la independencia judicial”, enfatiza el informe
Por tanto, la CIDH considera que la etapa de preselección de candidatos requiere una “concertación” de todas las fuerzas políticas en el Legislativo.
La entidad también expresó su preocupación porque el 47% de las juezas y jueces de la Jurisdicción Ordinaria del país no son de carrera.
“Esto compromete a la independencia judicial toda vez que pueden ser libremente removidos en cualquier momento, incluso sin motivación alguna”, señala el documento.
Esto implica que esos funcionarios no estén protegidos por la “garantía de la inamovilidad y sus salarios son menores, lo que puede facilitar la corrupción”.
Justicia dependiente
Además, la CIDH observa la existencia de barreras físicas, culturales y lingüísticas que dificultan que la población acceda a la justicia.
La comisión detectó también que “gran parte de las áreas rurales no disponen de juzgados.
El informe advierte del presupuesto precario asignado al sector justicia, que en 2023 no pasó del 0.5%, lo que en su criterio “provoca una debilidad del sistema derivada de la escasez de recursos económicos y humanos”.
Esto deriva en “dependencia del poder ejecutivo”, agrega el documento.
El informe señala también que hasta 2022, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública de Bolivia solo tenía capacidad para cubrir el 29% municipios.
Además, que cada Departamento cuenta con una sola Fiscalía.
“Como consecuencia de todo lo anterior, se facilitan condiciones para la corrupción en el sector justicia”, enfatiza el documento.
En este sentido, la CIDH recibió “testimonios preocupantes” de que administradores de justicia piden recursos económicos para beneficiar a una de las partes en los procesos.
“Con frecuencia, juezas, jueces y fiscales solicitan dinero a las personas acusadas a cambio de recuperar su libertad o no ser condenadas, o acceder a medidas alternativas o beneficios”.
Concertación
Según la CIDH, todos estos problemas en el sistema judicial se reflejan en “el retardo procesal” y el tiempo que algunas personas permanecen en detención preventiva, en algunos casos que llegan hasta los nueve años, señala el documento.
“En este contexto, la Comisión nota con preocupación que la tasa de hacinamiento actual es de 217%”, cuestionó la CIDH.
Según la entidad extranjera, esto se debe a un “empleo excesivo de la prisión preventiva, que, de medida excepcional, se convirtió en una práctica recurrente”.
“La CIDH recuerda que la prisión preventiva debe regirse por el principio de presunción de inocencia, tener en cuenta su naturaleza excepcional, y aplicarse de conformidad con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.
Para la CIDH, la duración de la detención preventiva no puede extenderse más allá de la pena máxima establecida para el delito en cuestión.
Reforma
Asimismo, la comisión detectó que, en los últimos 3 años, se ha presentado un incremento del 50% en el número de la población penitenciaria”.
Con todo, la CIDH valoró que el Estado haya adoptado medidas para la reinserción social, especialmente en el campo laboral.
Así como el hecho de que “las cárceles bolivianas presentan una de las tasas de violencia más bajas de la región”, establece el informe preliminar.
