La delegación de la CIDH identificó la actuación de grupos de choque en Santa Cruz y tomó conocimiento de excesos por parte de la Policía, durante el paro de 36 que se realizó en esa región, en demanda de adelantar el censo.
La comisión extranjera emitió ese criterio, como parte del informe preliminar que presentó este viernes. Así, concluyó la visita “in loco” que realizó al país, para hacer un diagnóstico de la situación de los derechos humanos.
La delegación identificó el “uso de la violencia” a partir del 21 de octubre de 2022”.
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Así, tomo conocimiento de “episodios extremadamente violentos”, “debido al enfrentamiento de grupos de choques civiles partidistas. Ello derivó en personas heridas y al menos una fallecida”.
Policía
En ese marco, la CIDH conoció de denuncias sobre el “uso excesivo de la fuerza policial”, situaciones que según autoridades nacionales “se encuentran en investigación”
“Durante el paro, también se registraron cierres de vías de acceso a la ciudad y desabastecimiento”, agrega el informe que fue expuesto la tarde de este viernes por Esmeralda Aresemena de Troitiño, primera vicepresidenta de la CIDH.
CIDH
Durante el paro de 36 días por la fecha del Censo, en Santa Cruz varios sectores denunciaron la violencia con la que actuaron miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, incluso en el incendio de algunos inmuebles.
El martes, a través de una carta, el gobernador Luis Fernando Camacho, pidió la conformación de un GIEI, con el objetivo de investigar la represión policial en Santa Cruz, durante los 36 días de paro.
La solicitud fue hecha durante una reunión que Camacho sostuvo con la delegación de la CIDH.
El gobernador cruceño argumentó que el objetivo es que se “investigue las represiones brutales realizadas por la Policía en contra del pueblo cruceño”.
Santa Cruz
Camacho afirmó que esos hechos “generaron dolor y muerte en la sociedad civil que ejercía su derecho a protestar pacíficamente contra un Gobierno negligente”.
No obstante, el jueves, la Procuraduría del Estado descartó esa posibilidad.
El procurador Wilfredo Chávez, afirmó que esa propuesta refleja el desconocimiento de los procedimientos del sistema interamericano de derechos humanos.
