Para el analista político Vladimir Peña, la “instrumentalización” de los cabildos del Comité pro Santa Cruz por parte de sus otros presidentes Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo “ha terminado desgastando a la institucionalidad cívica”.
Secretario de Gobierno durante la gestión de Rubén Costas, el abogado recordó específicamente el cabildo del 4 de octubre de 2019, que definió desobedecer los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre de ese año. Entonces, el actual gobernador de Santa Cruz presidía la organización cívica.
En entrevista con Piedra Papel y Tinta, de La Razón, Peña indicó que “no han sido las mejores decisiones las que se han tomado”, y “eso es lo que ha terminado desgastando a la institucionalidad cívica y corporativa de Santa Cruz”.
Consideró que el cabildo de 2019 fue aprovechado por Camacho para sus fines personales. “Ése fue el sentido del cabildo de 2019”, acotó.
Derrocado el presidente Evo Morales luego de las protestas poselectorales y proclamada Jeanine Áñez en su lugar, con el apoyo de Camacho, el líder cívico se postuló sin éxito a la presidencia en los comicios de 2020. Y en 2021 fue elegido gobernador de Santa Cruz.
Si bien Peña reconoció que en Santa Cruz hay una “raigambre social” en torno a la institucionalidad cívica sobre sus luchas por regalías, alcaldías o autonomía, “esa legitimidad está puesta en duda”.
Decisiones
Cuestionó también las decisiones del cabildo del 25 de enero de 2023, cuando, a raíz de la detención de Camacho por el caso Golpe de Estado I, planteó varias medidas. Una de ellas fue un referéndum revocatorio contra el presidente Luis Arce en caso de que no viabilice una “amnistía” para “presos políticos”.
Esa decisión es “una herencia pesada” para el nuevo presidente del Comité por Santa Cruz, Fernando Larach. “Me temo, al día de hoy, no se va a cumplir (ese referéndum)”, dijo Peña.
Propuso discriminar “las acciones violentas” en las movilizaciones por, ejemplo, Censo 2023 de las decisiones de los cabildos.
Durante la entrevista criticó que Camacho haya estado siguiendo el camino del radicalismo, dijo que deben consolidarse como una oposición sin intereses personales que enfrente al actual gobierno, mientras se da “la guerra entre Arce y Morales” y no generar un vacío en la oposición.
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Consideró que esas actuaciones de los liderazgos cívicos causaron daño a la institución regional. “¿Todavía tiene apoyo ciudadano? Sí, en eso hay que ser categóricos. ¿No es lo mismo de antes? No. ¿Se equivocaron y malgastaron los instrumentos de lucha de los cruceño? También”.
“Han ido sacando decisiones al calor del momento que al final fueron una camisa de fuerza”, comentó Peña, quien consideró que, por eso, la dirigencia se encuentra en “un callejón sin salida”.
Otro cabildo, el 30 de septiembre de 2020, dio un plazo de 21 días al gobierno de Arce de definir Censo de Población y Vivienda en 2023. Terminado el plazo, a instancias del llamado Comité Interinstitucional, el Comité pro Santa Cruz decidió un paro indefinido.
Protesta en Santa Cruz
La protesta, que terminó a los 36 días, se caracterizó por la violencia: al menos cuatro fallecidos en puntos de bloqueo o presión de los movilizados, la quema de la sede de campesinos y de la Central Obrera Regional y otros extremos.
Peña consideró que hay que separar esa violencia de las decisiones del cabildo, que, en su criterio, no propuso esas acciones.
Por esas actuaciones, precisamente, los entonces líderes del Comité Interinstitucional, Calvo y el rector Vicente Cuéllar, fueron convocados a declarar este jueves.
Fue “un error meterse en es camino (el paro de 36 días), que terminó devaluando a las propias instituciones y autoridades”, dijo Peña.
Dijo que, de esas protestas, quienes propiciaron las movilizaciones tienen que “sacar dos lecciones”: primero, “dejar de mirar sus intereses personales y mirar los problemas del conjunto de la sociedad”, y, segundo, “hay que siempre luchar por las vías democráticas”.
El paro no consiguió Censo en 2023. Una mesa técnica en Cobija, a la que no asistió Camacho y de la se retiró Cuéllar, propuso el censo para 2024. Y la Asamblea Legislativa definió el evento para el 23 de marzo de 2024.
